MC exige que Lhicarsa devuelva «decenas de millones» injustificados

El Grupo Municipal MC exigió ayer al equipo de gobierno que el Ayuntamiento de Cartagena reclame ya a la empresa mixta Lhicarsa (formada por FCC y por el propio Consistori) la devolución de «las decenas de millones de euros» pagadas de más a esta compañía por el servicio de limpieza viaria y basuras desde el año 2005, a la vista de un informe del Tribunal de Cuentas. El principal partido de la oposición rechazó la fórmula anunciada por la alcaldesa, Noelia Arroyo, de consultar al Consejo Jurídico de la Región de Murcia la aplicación de algunas medidas que corrijan las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas.

Como publicó este domingo LA VERDAD, las principales anomalías son que las dos prórrogas del contrato por periodos de diez años (hasta el 2030) se realizaron sin «cobertura legal», en los años 2005 y 2013, con Pilar Barreiro, del PP, en la alcaldía; y que tampoco fueron debidamente justificados los aumentos de precio del contrato, que han elevado el coste para los vecinos desde los 7,6 millones de euros del año 1994 a los 36 actuales.

El portavoz de MC y exalcalde, José López, rechazó la decisión del gobierno de PP, Ciudadanos y ediles no adscritos de acudir al Consejo Jurídico. «No nos fiamos de que intenten cerrar la cuestión en falso, porque además casualmente se acaba de incorporar al Consejo el letrado que defiende los intereses de Lhicarsa, Salvador Pérez Alcaraz». Fue nombrado días atrás para este organismo por el Gobierno regional, del PP.

A juicio de López, no cabe esperar más tiempo, porque el informe del Tribunal de Cuentas «confirma todas las sospechas» sobre decisiones sin cobertura legal. «El PP ha engordado las cuentas de Lhicarsa de forma grosera e ilegal, permitiendo que la empresa FCC obtenga beneficios injustificados que pagamos los cartageneros. Ha corrompido el Ayuntamiento desde hace décadas para favorecer intereses empresariales. Y, mientras, las calles están más sucias que nunca y el vertedero sin planes de futuro», lamentó López.

Podemos fue más allá y exigió «rescindir el contrato con Lhicarsa y remunicipalizar el servicio». Como portavoz y candidata a la alcaldía por este partido (que forma un grupo municipal junto a IU y Equo), Leli García afirmó que «no basta con sanciones a la concesionaria», sino que es preciso «abaratar costes, mejorar el servicio y crear empleo» con una gestión totalmente pública del servicio.

García apostó por una gestión eficiente, económica y que devuelva a las calles y plazas de nuestro municipio la limpieza que se merece». Y señaló que el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, da la razón a Podemos en sus «reclamaciones históricas sobre el contrato de limpieza viaria, y sobre todo, sobre las incontables irregularidades en lo que se refiere a las prórrogas y aumentos del precio». «La única solución para acabar con el descontrol pasa por la remunicipalización del servicio», apuntó.

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