Un estudio detecta riesgo de dispersión de metales desde la parcela de la Balsa Jenny

Catorce años después de la retirada del millón de toneladas de residuos mineros que amenazaban con cubrir de Llano del Beal, la sombra de la Balsa Jenny se proyecta aún sobre el pueblo. Un informe sobre el estado de los terrenos encargado por la Comunidad Autónoma ha destapado la existencia de elevados niveles de contaminación por metales pesados en el subsuelo y en la capa superficial, y el potencial riesgo de dispersión al entorno por la lluvia y el viento.

El análisis recibido por la Consejería de Medio Ambiente, al que accedió 'La Verdad', constató la presencia de plomo y zinc en unas cantidades que exigen una evaluación más detallada del peligro que puede suponer para la salud de las personas y para el medio ambiente. Ante esta situación, el Gobierno regional pedirá un «estudio adicional de caracterización del subsuelo», que «permitirá definir con mayor precisión las actuaciones a llevar a cabo, en su caso, y el diseño de las actuaciones de seguimiento y control».

El informe, elaborado por la empresa Hera Holding Habitat Ecología y Restauración Ambiental SL a partir de sondeos hechos en noviembre, advirtió de que «se hace necesario un análisis de riesgo detallado, para evaluar los riesgos toxicológicos» de la capa de relleno superficial «sobre la salud humana y los ecosistemas». Además, hay que «definir niveles de referencia específicos de esta zona, de acuerdo a lo establecido por la administración, dado que se encuadraría dentro de la llamada zona minera de exclusión». El área abarca 8,75 hectáreas.

En su evaluación de Jenny, Hera afirma que hay «incertidumbre sobre el riesgo de movilización de los metales pesados presentes en este nivel de relleno superficial que cubre la lámina de geotextil». La preocupación se refiere a los efectos de «episodios de escorrentía subsuperficial y drenajes, o dispersión por viento, ya que no se encuentra aislado y únicamente presenta una capa de tierra vegetal de 0,50 metros por encima y una cobertura herbácea fruto de las labores de revegetación». En cuanto a la franja del subsuelo analizada, desde la lámina de geotextil y el terreno natural a los estériles mineros empleados para rellenar la balsa, los investigadores señalan que «presenta elevados niveles de contaminación por metales pesados».

En estos terrenos, situados a las afueras de Llano del Beal, pero a pocos metros de un grupo de viviendas, hay «fundamentalmente» plomo y zinc. Y aunque la malla geotextil y el vallado «tratan de limitar la biodisponibilidad de los metales contenidos en esta zona», conviene hacer nuevas mediciones. Las hechas alcanzan desde un metro a 4,80 metros de profundidad.

Así, la capa de relleno, formada por préstamos de tierra «de la zona circundante» y «de naturaleza minera», presenta «elevadas concentraciones» los dos elementos químicos antes citados. Lo que, según Hera, «no parece existir» es «riesgo de que el agua del acuífero entre en contacto con el material altamente contaminado del subsuelo».

Según informaron fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, que dirige Javier Celdrán, el nuevo estudio costará 13.310 euros e incluirá «la realización de seis sondeos adicionales» y una «actualización de la caracterización físico-química del emplazamiento». En la Consejería añadieron que «se están llevando a cabo trabajos de seguimiento y vigilancia ambiental que implican, como medida preventiva, que se limite el acceso a la parcela a través de un vallado».

En Medio Ambiente señalaron que Jenny es «un emplazamiento de residuos mineros que ha sido estabilizado y sobre el que hay que llevar a cabo un control y mantenimiento periódicos que implica la reposición del vallado, de materiales y vegetal». También realizará un estudio de los canales perimetrales, para «evitar la posible influencia o intrusiones en zonas próximas que pudieran influir sobre el control».

En octubre, la Plataforma de Afectados por Metales Pesados de la Sierra Minera denunciaron, ante la Consejería, que las lluvias torrenciales del 27 de septiembre arrastraron residuos desde la balsa hasta la rambla de Mendoza y, de ahí, al humedal de Lo Poyo y el Mar Menor.

La parcela de Jenny fue cedida de forma gratuita por la empresa Portmán Golf a la Comunidad Autónoma. Esta la aceptó, previo gasto de 6 millones de euros en el traslado y almacenamiento de los residuos en el depósito Los Blancos I, propiedad de la misma compañía. El Ministerio de Medio Ambiente asumió la mitad del desembolso y, pese a lo anunciado, ninguna de las dos administraciones exigió la devolución del dinero. Un informe autonómico descartó el reintegro, por no haber «enriquecimiento injusto» privado.

Ante el deterioro de la parcela de Jenny, el retraso en sellar Los Blancos y el presunto traslado de parte del material a Cantera Emilia, el abogado Diego de Ramón y la Fiscalía se querellaron contra la Comunidad y Portmán Golf. Y el Juzgado de Instrucción 3 de Cartagena halló indicios de delitos contra el medio ambiente y prevaricación. Ecologistas en Acción se sumó a la causa como acusación particular.