El Estado indemnizará a la familia de Diego Pérez si los policías no lo hacen

El Estado tendrá que indemnizar con 50.000 euros a cada uno los cinco hermanos de Diego Pérez, el vecino de Cartagena muerto en el año 2014 como consecuencia de la detención ilegal y del homicidio por imprudencia profesional por los que han sido condenados cinco agentes de la Policía Nacional. Así lo ha establecido la sección quinta de la Audiencia Provincial, que en la sentencia del llamado 'caso Cala Cortina' ha determinado que la Administración central debe responder ante la familia de la víctima en calidad de responsable civil subsidiario. En consecuencia, deberá abonar las indemnizaciones, si los policías -que por ahora han abonado 30.000 de los 250.000 euros- no lo hacen por insolvencia.

El fallo, que con toda probabilidad será recurrido por la Abogacía del Estado, establece asimismo que este último deberá hacerse cargo, en iguales circunstancias, de la reparación fijada para la hija de Diego, quien es menor de edad: 200.000 euros. De esta cantidad, los agentes ya han depositado 30.000 en la cuenta bancaria judicial. Esta cuestión económica era la única por la que se celebró la vista oral, que iba a ser con jurado y durar un mes, tras la confesión por parte de los agentes de una serie de hechos y su conformidad con una pena de 4 años de cárcel.

El abogado del Estado, Nicolás Valero, aceptó la responsabilidad subsidiaria para la hija y se opuso a la otra. Argumentó que ningún hermano es menor, que no vivían con Diego y que no dependían económicamente de él. También indicó que si había una sentencia firme contra el Estado, lo que pasa por eventuales recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) y el Tribunal Supremo (TS), la Administración haría todo lo posible por recuperar el dinero, incluso mediante el embargo de bienes a los condenados.

En la sentencia, divulgada ayer por el TSJ, el magistrado presidente del tribunal, Jacinto Aresté, expone seis razones por las que asume la postura de la Fiscalía, las dos acusaciones particulares (la de la hija de Diego y la del conjunto de hermanos) y las defensas, que alcanzaron un pacto también sobre los pagos.

El primer motivo expuesto por el juez es que había una «relación especialmente intensa de cuidado de los hermanos por la víctima, dada la discapacidad de esta (esquizofrenia y trastorno de la afectividad)». En segundo lugar, cuenta «la indescriptible desazón, angustia e incertidumbre que conllevó la desaparición de Diego durante 15 días». Y en tercer lugar, ha quedado acreditado «el dolor por la aparición del cadáver en una playa, con signos de aparente violencia, seguida de varios meses [seis] sin el menor conocimiento de las circunstancias que determinaron la muerte de su hermano».

Como cuarta razón, el juez indica «el desasosiego que tuvo que producir la imprevisible involucración de funcionarios policiales y un proceso prolongado con relevancia pública». Y, por último, Aresté señala «la inexistencia de una satisfacción moral significativa, pues ni se han producido disculpas explícitas e inequívocas ni se ha logrado un conocimiento exhaustivo y sin incógnitas de todo lo sucedido», y además «la asunción de responsabilidades ha sido muy tardía» por parte de los agentes.

Estos últimos fueron detenidos por la unidad de Asuntos Internos de la Policía seis meses después de la desaparición de Diego, quien tenía 43 años, y del hallazgo del cadáver de este flotando en el mar, en la playa de Cala Cortina con la vértebras del cuello fracturadas.

En la vista oral, los agentes (un sexto murió mientras cumplía prisión provisional) asumieron que trasladaron de manera intimidatoria, en plena madrugada, a Diego a cinco kilómetros de su casa, a pesar de que este les llamó por teléfono al sentirse amenazado por unos vecinos de su barrio, Las Seiscientas; y que, con la «acción u omisión» del deber de custodia, se provocó su muerte.

La resolución, notificada este lunes a las partes del proceso, confirma la condena de los acusados a indemnizar conjunta y solidariamente a la hija y a los hermanos; y a dos años de prisión por detención ilegal y dos por homicidio imprudente.

Según fuentes judiciales, la Audiencia esperará al posible recurso estatal, y en su caso a que haya sentencia firme, antes de decidir si los agentes deben volver a prisión o si suspende la ejecución de las penas privativas de libertad. En el primer supuesto, tendrían que cumplir los dos años y diez meses que les faltan (pasaron el resto en modo preventivo).

La fiscal, María Lendínez, y el abogado de la familia, Francisco Belda, solicitaron el ingreso, por la gravedad de los delitos y su comisión por parte de funcionarios. Los abogados de la defensa (Raúl Pardo-Geijo, José María Caballero, Mariano Bó, Carlos Barbas y José Antonio Prieto) reclamaron aplicar la posibilidad de la suspensión, al no superar cada uno de los delitos no supera el castigo de dos años.