El Estado concluye que Lhicarsa obtuvo ventajas sin justificación en Cartagena

En un informe aprobado por su Pleno, el Tribunal ha ratificado que el Consistorio no justificó debidamente las dos prórrogas de diez años cada una del contrato, aprobadas en 2005 y 2013, en la etapa de gobierno de Pilar Barreiro, del Partido Popular; ni tres de las diez modificaciones, que aumentaron del precio (pagado con el dinero de los impuestos y del recibo de la basura).

Esas variaciones, autorizadas también por ejecutivos del PP, implicaron un sobreprecio de 11 millones al año. Fueron autorizadas como «ampliaciones o mejoras del servicio, mediante la contratación de más personal». Pues bien, mi las prórrogas ni las revisiones estaban previstas en el pliego de condiciones, aprobado durante el gobierno del socialista José Antonio Alonso. Se trata de acuerdos «carentes de cobertura legal», advierte el Tribunal.

Desde 1994, el coste para los cartageneros ha pasado de los 7,65 millones de euros al año a 36. Es el mayor contrato municipal por su importe y estará vigente hasta el 2030. La duración de la segunda prórroga «fue considerada excesiva en el informe del Consejo Jurídico de la Región de Murcia», recuerda el Tribunal.

El informe, que rechaza las alegaciones del Consistorio, recoge también que el precio fue fijado por la sociedad y aprobado por el Ayuntamiento, «al margen del procedimiento de licitación y, en consecuencia, con vulneración de los principios de publicidad y concurrencia». Además, «no consta ninguna actuación del Ayuntamiento tendente a controlar la gestión de la empresa mixta y la debida ejecución del contrato con anterioridad al informe de director facultativo de los servicios de 20 de julio de 2017». En esa fecha, con PSOE y MC en el gobierno local, el funcionario detectó un déficit de barrenderos y de otros empleados. Tampoco ha recibido el Tribunal información sobre la existencia de un control de ciertas inversiones.

El actual gobierno municipal (de PP, Ciudadanos y ediles no adscritos) ha dado ya instrucciones a los servicios jurídicos y económicos «para que inicien un procedimiento de revisión de las fórmulas de aplicación del contrato, para ajustarlas a las recomendaciones del Tribunal», indicó la alcaldesa, Noelia Arroyo.

Añadió que los técnicos prefieren no revisar los precios hasta que haya una sentencia en una eventual demanda de la empresa. Según el Tribunal, el Consistorio consideró en su día que los costes eran «muy superiores a los normales», pero permitió que quedaran «consolidados». El Ejecutivo sí exigirá disponer ya de los beneficios de la venta de gas y otros subproductos del vertedero.