Ercros recurre la orden de descontaminar El Hondón pero ofrece enterrar los residuos

La compañía con sede en Barcelona, que demolió las instalaciones en 2002 y culminó la venta de sus terrenos en 2004, ha defendido en un documento presentado en la Consejería de Medio Ambiente que «ha dado cumplimiento en todo momento a sus obligaciones legales y medioambientales». Por eso, tras haber visto rechazadas en junio las alegaciones que formuló ante la Consejería de Medio Ambiente, dentro del expediente de declaración de El Hondón como suelo contaminado por metales pesados y radiactividad, Ercros ha abierto la vía judicial.

No obstante, en paralelo la mercantil ha presentado al Gobierno regional un borrador de proyecto, donde muestra su voluntad de invertir 3 millones de euros en un plan de recuperación ambiental, en coordinación con la Comunidad y el Ayuntamiento de Cartagena.

En las últimas semanas, representantes de Ercros también han mostrado su ánimo de «cooperación» y han explicado su plan a representantes vecinales, políticos y de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), según fuentes de estos ámbitos.

El proyecto de Ecros tendría un alcance limitado respecto a la intención municipal de dar nueva vida a la zona con viviendas y un gran parque, con un proyecto calculado en unos 17 millones de euros por la Universidad Politécnica de Cartagena (14 más de lo que invertiría Ercros). Básicamente, lo que plantea Ercros en un dosier, al que ha accedido LA VERDAD, es actuar sobre 309.00 metros cuadrados, del millón que hay. Propone utilizar la finca a modo de vertedero de los residuos acumulados durante décadas, cubriendo los materiales con «áridos» del solar y de «emplazamientos cercanos». Para los propietarios actuales quedaría todo desarrollo urbanístico.

La mercantil subraya que «la venta de los terrenos y su liberación de la actividad industrial se realizó de forma pactada entre Ercros, la administración y el resto de propietarios»; que estos «asumieron la responsabilidad de hacerse cargo del saneamiento del suelo para uso urbanístico, de acuerdo con los contratos de compraventa y el planeamiento urbanístico vigente»; y que «los planes de saneamiento y desarrollo previstos no se han llevado a cabo por causas ajenas a Ercros».

Según sus datos, el Ayuntamiento es el titular mayoritario, con un 22% directo y un 52% a través de la sociedad Podecasa (donde figura la Comunidad y que está en fase de liquidación). El resto es Reyal Urbis, en un 22%; Adif, en un 3%; y Pedro Pedreño Marín, en un 1%.

En consecuencia, apunta la compañía, «para garantizar una calidad del suelo compatible con los usos residenciales y recreativos contemplados en el planeamiento», los propietarios «necesariamente deberán llevar a cabo» actuaciones. «Desde esta óptica, sería deseable que el Ayuntamiento de Cartagena, que ostenta la doble condición de propietario mayoritario y administración urbanística, definiera su proyecto de remediación, para poder armonizar el conjunto de actuaciones de remediación que se deben implementar» allí, advierte la firma.

Según confirmó a este diario un portavoz de la Consejería, que dirige Antonio Luengo, el 1 de julio «el responsable de la contaminación presentó un escrito comunicando la interposición de un recurso-contencioso administrativo contra la resolución del consejero» dictada el 5 de junio. En el Gobierno regional agregaron que Ercros «aportó igualmente un proyecto técnico con las operaciones de limpieza y recuperación del emplazamiento» que, bajo el nombre de «Proyecto de remediación» que podría llevar a cabo en la zona.

Esta actuación, sostiene la mercantil, cumpliría tres objetivos; cumplir la resolución de la Consejería [que consideró a los propietarios actuales responsables subsidiarios de la descontaminación]; «reforzar la ausencia de riesgo asociado a un potencial uso industrial»; y «no perjudicar o dificultar las actuaciones necesarias para un futuro desarrollo urbanístico, de acuerdo con el planeamiento urbanístico vigente». Es más, Ercros asegura que su plan busca «facilitar el rápido aprovechamiento del emplazamiento para la ciudad».

La Dirección General de Medio Ambiente estudiará el proyecto y, una vez validada la idoneidad del mismo, solicitará los informes correspondientes, de forma previa a su autorización».

En el dosier, Ecros no pasa por alto que, en 2019, costeó el vallado, tras pedir el CSN medidas a las administraciones. Y anota que contrató a «reconocidas empresas expertas» y a «entidades independientes» para aportar estudios técnicos. En estos, «se acredita que el emplazamiento no presenta riesgo para los vecinos del entorno, ni para la realización de actividades industriales convencionales». Aun así, Ercros «manifiesta su voluntad de colaborar con las administraciones autonómica y local en la definición de una estrategia de remediación de los terrenos que satisfaga a todas las partes».

Como punto de partida, Ercros asegura que los riesgos químico y radiológico son «admisibles para los residentes en los alrededores», si están «fuera de las zonas con lodos», e incluso aunque «permanecieran» en el solar las 24 horas del día durante largo tiempo.

Y añade que, «previo cubrimiento de las zonas de depósito», los riesgos para uso industrial serían «admisibles para trabajadores y público». Concluye que en los suelos hay metales pesados, sobre todo arsénico, plomo, cobre, zinc y mercurio metálico; y en las aguas subterráneas, «presencia puntual de metales pesados, principalmente arsénico», en valores bajos.