Un bar en dominio costero y un parque acuático construido en Cartagena sin permiso aumentan las deficiencias

Un bar situado en dominio público costero sin autorización; un parque acuático con piscina construido hace dos años sin hacerlo constar en documento alguno; la omisión de instalaciones que incluyen calderas, estación de bombeo, iluminación y aceras, la ausencia de planes de emergencias y evacuación y de un proyecto adecuado de protección contra incendios. Todas ellas son solo algunas de las deficiencias más importantes que refleja el informe «desfavorable» para denegar la licencia de actividad al Camping Villas Caravaning, emitida por el área de Urbanismo, de la que la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, es responsable.

El elemento en el que más hincapié hace la resolución de la Gerencia de Urbanismo es que en ningún documento remitido por la sociedad que lo gestiona se contempla que de las 2.133 parcelas que abarcan 307.938 metros cuadrados de terreno «el 50% lo ocupan bungalows y viviendas unifamiliares adosadas y no caravanas y autocaravanas como se indica con carácter general para el conjunto del recinto en el proyecto presentado».

«Consideramos que la mercantil que explota el camping no puede proporcionar electricidad, agua y saneamiento a los dueños de viviendas y cobrarles por los citados servicios en las mismas condiciones que a los inquilinos. Tanto la zona de camping como la de residencias privadas deberían disponer de servicios diferenciados», añade la resolución. «Dichas instalaciones fueron proyectadas para atender las necesidades propias de un camping de caravanas y no a viviendas que tienen otras diferentes», especifica. Lo mismo ocurre en el caso del uso conjunto de instalaciones de abastecimiento eléctrico, en el del plan de protección y en la memoria ambiental sobre el alcantarillado. «En conclusión, la documentación aportada carece de validez», indica la Dirección de Urbanismo.

Los trámites de audiencia dados por ese departamento a Caravanings Costa Cálida SL no han permitido resolver ninguna de las deficiencias, según refleja la resolución municipal. Por esa razón, la única salida que le quedará a la empresa, cuando el Ayuntamiento haga firme su decisión, probablemente a finales de mes, es acudir a los tribunales y pedir cautelarmente que no se le suspenda de actividad.

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