«Diego no se merecía que le pasara esto»

«Diego no se merecía que le pasara esto». Esta frase, pronunciada por Manuel Pérez Tomás, hermano de Diego Pérez, el vecino de Cartagena cuya muerte se investiga en el caso Cala Cortina, permite resumir la dureza de los testimonios realizados durante la última sesión de un juicio que ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial, este martes. Tanto la Fiscalía como la acusación particular aprovecharon el dabate sobre si el Estado tiene que indemnizar a los hermanos para formular a estos preguntas sobre cuál era su relación con el fallecido, y sobre todo cómo sufrieron la desaparición de este, el hallazgo del cadáver flotando en la playa de Cala Cortina quince días después y la detención de 6 agentes de la Policía Nacional como presuntos autores de su detención ilegal y muerte.

Además de Manuel, testificaron en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, que tiene su sede en Cartagena, Enrique, Pastora, Remedios y Francisca. Todos ellos describieron la desazón y la incertidumbre que les causó el hecho de que Diego dejara de estar localizado el 11 de marzo de 2014, su impotencia y abatimiento al ver su cuerpo en la playa a las dos semanas y el conocer al cabo de seis meses el arresto de los policías de una comisaría a la que él mismo había llamado al sentirse amenazado por unos vecinos. Asimismo, durante su comparecencia, los cinco hermanos hicieron hincapié en que Diego sufría una discapacidad intelectual del 45% (tenía esquizofrenia y trastornos de la afectividad) y que, por lo tanto, a efectos prácticos tenía la comprensión de un adolescente. Por eso, todos ellos, y en especial Manuel, se encargaban de procurar que no le faltara de nada. En el caso de Manuel, le administraba la pensión de unos 360 euros que recibía.

El relato más descarnado fue el que ofreció Pastora. Esta se echó a llorar al recordar a su hermano y manifestó: «Le llamábamos Dieguín, porque era el pequeño, el especial, porque tenía una discapacidad. Todavía cuando hablo de él lo veo. Era el pequeño y lo queríamos muchísimo. Durante mucho tiempo me quedé muerta en vida. Se me ha caído hasta el pelo. Yo fui la primera en llegar a la playa y lo vi bocabajo. Eso nunca lo podré olvidar». Remedios, cuyo testimonio levantó las protestas de algunos abogados de la defensa al entender que sus clientes solo han aceptado ser autores de los delitos de detención ilegal y homicidio imprudente, afirmó: «Diego no se lo merecía. Al parecer le pegaron». De esta forma, aludió a que según el informe del forense del Instituto de Medicina Legal, la víctima presentaba una fractura en las vértebras del cuello como consecuencia de haber recibido un golpe. En particular, el abogado Raúl Pardo-Geijo insistió con vehemencia en que no ha quedado probado, pese al relato inicial de hechos de la Fiscalía y la acusación particular, que los agentes causaran la muerte a Diego por una acción violenta. En todo caso, la fiscal y el abogado de la familia señalaron que según el acuerdo alcanzado para imponer a los acusados una pena de 4 años de cárcel, Diego padeció una detención ilegal y fue trasladado de manera intimidatoria en plena madrugada, a cinco kilómetros de su casa, y que con la acción u omisión del deber de custodia por parte de los agentes se provocó su muerte.

El abogado del Estado aceptó el acuerdo del resto de las partes para que los reos indemnicen con 200.000 euros a la hija de Diego, que es menor de edad y en su defecto, si los agentes no tuvieran bienes, la Administración Pública asuma la responsabilidad civil subsidiaria. Sin embargo, rechazó ese mismo tipo de responsabilidad del Estado respecto a los cinco hermanos, para cada uno de los cuales se pide 50.000 euros. El representante de la Administración sostuvo que según establece tanto la ley como la jurisprudencia del Supremo, para indemnizar a los hermanos, además de a la hija, deberían darse circunstancias excepcionales que en este caso no existen. Citó que los hermanos no son menores de edad, que no convivían con Diego y que no dependían económica de él, que simplemente están afectados por un duelo como el que puede sufrir un tío o un sobrino, que no hay ningún informe médico que acredite que los hermanos sufran una patología como consecuencia de lo ocurrido y que la cantidad de 50.000 euros no se basa en ningún criterio objetivo.

El magistrado Jacinto Aresté ofreció a los cinco agentes la posibilidad de intervenir en su defensa, pero todos ellos lo rechazaron. En consecuencia, dejó visto para sentencia un caso en el que deberá resolver entre otras cosas si impone a los acusados una inhabilitación genérica o una especial y absoluta como piden las acusaciones. En este último caso, según la Fiscalía, la ley establece la expulsión automática del Cuerpo Nacional de Policía, que les apartó provisionalmente de sus funciones tras ser detenidos por una investigación de Asuntos Internos, y que les queden antecedentes penales durante diez años. Esto les impediría presentarse a unas oposiciones para tratar de reingresar en el Cuerpo una vez cumplido el castigo. Asimismo, el juez debe resolver si los acusados vuelven a prisión para cumplir los 2 años y 10 meses que les quedan de pena, puesto que ya pasaron encerrados un año y 2 meses de forma preventiva.

Tras acabar la vista oral, los agentes, que entraron al edificio por la puerta principal, y que durante el juicio se pusieron de lado y se cubrieron el rostro para no ser fotografiados ni grabados en vídeo por los periodistas, salieron por una puerta lateral y a la carrera para evitar a los informadores y a los familiares de Diego. Estos últimos habían permanecido unos minutos en la sala, aunque no hubo incidentes. Ya el viernes pasado los policías que hoy estuvieron acompañados al abandonar el Palacio de Justicia por compañeros no uniformados, entraron y salieron del inmueble por el sótano. Lo hicieron a pesar de estar en libertad y apartados de la Policía, en un furgón con los cristales tintados de la Comisaría. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia, no hubo ninguna orden de proceder de esta manera por cuestiones de seguridad u otros motivos y el comisario de Cartagena, Ignacio del Olmo, dijo este lunes desconocer lo sucedido respecto a este privilegio.