Cuatro conflictos complican la bajada del agua

¿Cuánto cuesta llevar el agua a los hogares cartageneros? ¿Qué beneficios sacó de ello Hidrogea en 2015 y 2016? ¿Por qué parece inevitable la prórroga de su contrato por 25 años más? ¿Y qué consecuencias tendrá la investigación del caso 'Pokemon' en todo ello? El Ayuntamiento carece de respuestas a esas cuestiones, que lo mantienen dividido y amenazan con fracturar la coalición de Gobierno PSOE-MC, si los cartageneristas no quedan satisfechos en el Pleno monográfico previsto en enero.

MC y Podemos cuestionan la prórroga. La alcaldesa, Ana Belén Castejón, del PSOE, no. Además hay diferentes interpretaciones sobre los sobrecostes que presuntamente repercute Hidrogea y hasta qué punto se pueden descontar del precio que pagan los usuarios. En este punto, MC pide una reducción del 10% en el recibo, mucho mayor que la primera edil (alrededor de un 7%) e Hidrogea (aproximadamente un 4%).

La mercantil está dispuesta a aplicar una reducción de 4,5 euros por pago bimestral y 27 al año. Castejón pretende llegar a 5,5 , es decir 33 euros al año. El exalcalde y exconcejal de Desarrollo Sostenible, José López, llegó a decir que cree que es posible llegar a nueve euros menos cada dos meses, es decir 54 al año. Su sucesora, María José Soler, advirtió de que «el reajuste de algunos servicios que prestaba la concesionaria y el fin del pago de la amortización de obras por los primeros 25 años de contrato supone ya un 10% de rebaja», por lo que, subrayó «no sería aventurado suponer que podemos llegar al 15%».

El otro caballo de batalla es acordar la liquidación de cuentas de los ejercicios 2015 y 2016. La proyección de los beneficios de 2012, 2013 y 2014, los años anteriores liquidados, arrojaría un superávit de 2,6 millones de euros por anualidad. El dinero ingresado de más en aquella época ya fue utilizado, con permiso del anterior Ejecutivo municipal, para amortizar la deuda con la empresa y en pagar obras millonarias de reforma de Capitanes Ripoll, de la travesía de Los Dolores y de la calle Alfonso X El Sabio. Todo ello sucedió cuando gobernaba el PP. Esa estrategia fue frenada con el cambio del Gobierno. «No se ha imputado ninguna obra pública más al contrato», confirman MC y PSOE. Los cartageneristas quieren mantener el mismo criterio, pero en el PSOE consideran que permitir a Hidrogea licitarlas es más rápido y ahorra gastos fiscales, «siempre que se ejerza un control estricto de las ofertas y de las rebajas», indicó un portavoz de alcaldía.

En la coalición también discrepan sobre el coste de personal. Los técnicos municipales estiman que las nóminas de los trabajadores de Hidrogea serán un millón de euros más baratas con el convenio regional, pero fuentes del comité de empresa advirtieron de que el convenio válido es el del Servicio Municipal de Aguas de Cartagena, en vigor cuando Aquagest (ahora Hidrogea) llegó.

MC considera que se debe pagar a la empresa lo que marca el convenio regional y utilizar el millón de euros de ahorro en bajar la tarifa. En el PSOE lo ven muy difícil porque consideran que el Ayuntamiento no se puede inmiscuir en la negociación entre la empresa y los trabajadores. Esta polémica preocupa a los empleados, que tienen su convenio sin actualizar. «Está paralizado hasta que se aclare cómo se fija el precio del agua», indicaron fuentes del comité.

Todo se complica por la Operación Pokemon, que investiga la gestión de Hidrogea y de otras empresas del Grupo Agbar (Aguas de Barcelona) en varias ciudades. En el caso de Cartagena, un informe de Servicio de Vigilancia Aduanera, adscrito a la Agencia Tributaria, revela que la exalcaldesa, Pilar Barreiro, y otros cuatro exediles (Agustín Guillén, María Ángeles Palacios, María Dolores Soler y José Vicente Albaladejo -todos del PP) realizaron «viajes de placer» costeados por Aquagest (ahora Hidrogea) a Nueva York, Múnich y Palma de Mallorca, entre 2006 y 2011. A otro edil, José Cabezos, le pagaron desplazamientos a Madrid y Barcelona, pero el informe admite que pudo ser por motivos de trabajo, ya que el grupo empresarial tiene sede allí. El Ayuntamiento está personado en la causa.

La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, ha llamado a declarar a todos los implicados a petición del servicio de vigilancia aduanera, el mismo que emite el informe, para dilucidar si hay alguna relación entre estos viajes y la aprobación de la prórroga del contrato de Hidrogea que MC y Podemos cuestionan y Castejón ve inamovible. Fue en 2003, con Barreiro como alcaldesa y Palacios como edil de Hacienda. También se revisa si hay conexión con el visto bueno al plan de inversiones de la empresa (12,5 millones), en 2008, con Barreiro de primera edil, y Cabezos en Hacienda.

En alcaldía reconocen que esta operación contra una trama de presunta corrupción juega en contra de la prórroga, aunque solo sea por una cuestión de imagen. Sin embargo, recuerdan que la decisión se aprobó en un Pleno Municipal y que votaron a favor el PP, IU y el PSOE, menos dos concejales. MC se abstuvo.

Dentro de un mes serán tres los años de contrato sin liquidar y sin poder contar con los beneficios para aplicarlos a la bajada del agua.