Condenan al Ayuntamiento de Cartagena a pagar 3,4 millones a dos empresas por impedirles urbanizar

El Ayuntamiento de Cartagena acaba de recibir un duro revés judicial por la política urbanística que aplicó durante la etapa de gobierno del Partido Popular, con Pilar Barreiro (ahora senadora del Grupo Mixto) en la alcaldía. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha desestimado un recurso municipal y ha confirmado íntegra la sentencia del Juzgado de Lo Contencioso Administrativo 1 de Cartagena que, en julio del año pasado, condenó al Consistorio a pagar 3,4 millones de euros a dos empresas, por haberles anulado la licencia de construcción de 24 apartamentos turísticos en La Azohía y haber cambiado la clasificación de la parcela de privada a pública.

Ana Belén Castejón, según un portavoz de alcaldía, pide responsabilidades políticas a los dos altos cargos del PP a los que culpa «de este desaguisado». Se trata del actual presidente de la Autoridad Portuaria y exconcejal de Urbanismo, Joaquín Segado, y el portavoz municipal del PP y también exedil de Urbanismo, Francisco Espejo. El Ayuntamiento estudia las vías para recurrir la sentencia ante el Supremo.

La resolución, comunicada este jueves a las partes y a la que ha accedido 'La Verdad', obliga también al Ayuntamiento a pagar los intereses legales, a contar desde la fecha en que las mercantiles solicitaron la reparación económica por la vía administrativa, así como las costas del procedimiento. Eso sí, el fallo puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo.

El actual equipo de gobierno, encabezado por la socialista Ana Belén Castejón, tiene sobre la mesa el problema de tener que abonar 3.189.315,91 euros a la sociedad Apartamentos La Azohía S.L. y 239.111,38 euros a Bulevar Infante, S.L. Según fuentes judiciales, la suma total puede superar ya los 4 millones de euros.

El Consistorio solo reconoció, en abril de 2015, el derecho de la primera de esas mercantiles a percibir 56.318 euros, en concepto de gastos vinculados a la licencia. Lo hizo a través de un decreto firmado por el entonces concejal de Urbanismo, Francisco Espejo, actual portavoz del Grupo Popular en la oposición.

El TSJ recuerda que ya el juez de Cartagena reconoció el derecho de las empresas a un resarcimiento superior por el decreto de anulación de la licencia dictado en 2010 por el Ayuntamiento, que entonces tenía como concejal a Joaquín Segado (ahora presidente del PP local y de la Autoridad Portuaria de Cartagena). Los técnicos de Urbanismo avalaron esa decisión por la aparente pasividad de los constructores, que recibieron la licencia en 2005. Las empresas afirmaron, sin embargo, que el Ayuntamiento fue demorando los permisos necesarios para iniciar las obras, hasta que les impidió realizarlas.

El Ayuntamiento enumeró sin éxito, en su contestación a la demanda judicial, «25 hechos que le llevan a la conclusión de que los promotores no tenían ninguna intención de comenzar las obras, pues la mayoría de los retrasos en la tramitación les son imputables a ellos». Para el juez, sin embargo, no se sostiene el relato de la administración local, según el cual existe «una suerte de culpa de la víctima».

El TSJ mantiene, además, la decisión de compensar a las sociedades por los daños y perjuicios sufridos por la modificación del uso del suelo introducida a través de la revisión del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO), aprobada inicialmente en octubre de 2008 -ya con Segado en Urbanismo- y definitivamente en julio de 2012. El Consistorio argumentó ante el TSJ que la anulación del Plan General por parte del Tribunal Supremo, en 2016, abrió la puerta a que las empresas recuperan la inversión realizada en la compra del suelo; o en caso de seguir adelante el Consistorio con la idea de destinar el suelo a equipamiento público, se beneficiaran del «instituto de la expropiación».

Sin embargo, el TSJ ampara a las afectadas en cuanto a que la recalificación urbanística, justificada por el gobierno del PP como un paso para atender la demanda vecinal de construir una plaza pública en el solar donde en su día estuvo el cuartel de la Guardia Civil, les ocasionó daños y les privó de obtener el beneficio previsto con la venta de las viviendas. Donde el Ayuntamiento vio una «mera expectativa o sueño de ganancia», las inmobiliarias denunciaron consecuencias lesivas perfectamente cuantificables, como el hecho de que el banco que les concedió el préstamo (de 2,1 millones) para urbanizar acabó ejecutando la garantía y quedándose con la parcela.

«Fue el Ayuntamiento el que, llegado un determinado momento, decidió retrasar de forma torticera y arbitraria el inicio de las obras, hasta que consiguió imposibilitarlas, todo ello de forma antijurídica», resumió la sentencia de origen, ahora ratificada.

Lo que el juez sí que rechazó en su momento, y tampoco cambia ahora el TSJ, es la pretensión de las demandantes de ser resarcidas por la compañía Segurcaixa Adeslas SA de Seguros y Reaseguros.

Las promotoras (constituidas entre otros socios por quien luego se convirtió en alto cargo regional de Ciudadanos José Ángel Banet) acudieron de forma simultánea a la jurisdicción penal. A través de una querella, lograron la apertura de juicio oral, por un presunto delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas), contra el exgerente de Urbanismo Jacinto Martínez Moncada, quien hasta que fue procesado ocupó también ese cargo por designación del exalcalde y exconcejal de Urbanismo José López (de MC); otra funcionaria del área; y Joaquín Segado. El Juzgado de Lo Penal 2 absolvió en octubre de 2017 a los tres procesados y la Audiencia Provincial, aunque con un duro voto particular de un magistrado que vio una clara parcialidad del juez Álvaro Bellas, rechazó el recurso de los querellantes y de la Fiscalía. Ésta también advirtió un comportamiento anómalo del juez. Al final, la absolución se convirtió en firme, al no haber más recursos.