![La Comunidad tumba la descontaminación de Zinsa, pero ordena iniciar la limpieza de suelos](https://s1.ppllstatics.com/laverdad/www/multimedia/2025/02/09/198719792--1200x840.jpg)
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La Comunidad Autónoma aprieta a Cartagena Parque, la empresa propietaria de la mayor parte de los terrenos de la antigua factoría de Española del Zinc (Zinsa). La Dirección General de Medio Ambiente, perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, ha ... comunicado a esa sociedad, propiedad del conocido empresario Tomás Olivo, que rechaza su proyecto de descontaminación para cerca de 160.000 metros cuadrados de suelo industrial ubicados en el barrio de Torreciega. Y, además, le ordena la retirada de 150.000 toneladas de residuos en superficie, principalmente escombros de demolición de naves y oficinas. Zinsa cesó su producción en julio de 2008 y poco después comenzó su desmantelamiento.
Esa decisión responde al interés de los responsables de la política medioambiental en el Gobierno de Fernando López Miras de impulsar y agilizar los trabajos de limpieza de esa antigua zona industrial de Cartagena. Cada paso que dan la Comunidad y los vecinos de Torreciega, que llevaron este asunto a los juzgados por un presunto delito medioambiental, tiene como respuesta una alegación o un recurso de efecto retardante por parte de la empresa que compró los terrenos años después de cesar la actividad industrial y con la finalidad de urbanizarlos.
Para tratar de avanzar en la retirada y tratamiento de unos residuos industriales que tienen afectación sobre la salud de los vecinos, Medio Ambiente ha decidido sectorizar en dos la finca de 159.446 metros cuadrados. Por un lado, hacia el polígono industrial Cabezo Beaza, se queda la zona más conflictiva desde el punto de vista técnico, la de las balsas, donde diversos estudios de valorización han corroborado la presencia de grandes cantidades de residuos tóxicos y peligrosos. Estos requieren una evaluación especial por parte de organismos especializados, como el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y, por tanto, un tratamiento específico. Hacia la Avenida Tito Didio queda otro sector de la fábrica, de unos 72.000 metros cuadrados, donde la última inspección de la Comunidad constató la existencia fundamentalmente de escombros de los derribos y tierras con metales pesados.
En este caso, la Comunidad se ha dirigido a Cartagena Parque para que active la primera fase de la descontaminación de suelos con la retirada de 150.000 toneladas de desechos en superficie. El escrito con dicha orden está sujeto a un periodo de posibles alegaciones.
Medio Ambiente da de plazo un mes para realizar la caracterización o análisis de los residuos que hay en esa zona. La empresa deberá hacer una identificación precisa de los tipos de residuos existentes en el suelo para determinar el tratamiento adecuado. Una vez caracterizados, los desechos deberán ser recogidos y tratados según la normativa ambiental, evitando su dispersión o nuevos riesgos de contaminación. Por último, tendrá que abordar la descontaminación del suelo para garantizar la seguridad ambiental del lugar. Cartagena Parque tiene un periodo de tres meses para iniciar esas tareas desde que la orden sea efectiva.
De manera paralela, los técnicos de la Comunidad han calificado como desfavorable el proyecto de descontaminación de suelos presentado por esa sociedad de Olivo. Según fuentes conocedoras de esa decisión, el documento sigue ofreciendo deficiencias que no resuelven el problema ambiental ni aporta garantías necesarias para la salud de las personas. Entre otras, destaca que el análisis de riesgos está incompleto, que no da soluciones definitivas, como exige la legislación ambiental, y deja la descontaminación condicionada a futuros estudios y vigilancias, lo que también es un incumplimiento legal. La Comunidad da otros tres meses para presentar un proyecto que incluya un plan definitivo, sin estudios adicionales, que asegure la descontaminación total de la finca; la retirada de todos los residuos peligrosos; así como un análisis de riesgos completo que garantice la protección de la salud pública y la recuperación de los terrenos.
No es la primera vez que Medio Ambiente rechaza los documentos que Cartagena Parque presenta a cuentagotas. Hace ocho meses, la consejería que dirige Juan María Vázquez exigió a Cartagena Parque actualizar su estudio radiológico, tras una primera evaluación del Consejo de Seguridad Nuclear. Dicho organismo público requirió abundante información y numeras exigencias técnicas en todo lo relativo al proyecto de descontaminación en la zona donde se encuentran las balsas que acumulan los restos de décadas de actividad industrial. Entre otros, la caracterización radiológica de todos esos depósitos ubicados muy cerca de las primeras naves del polígono Cabezo Beaza.
Hace dos semanas, acatando otra orden anterior de la Dirección General de Medio Ambiente, Cartagena Parque inició la retirada de los residuos líquidos acumulados en uno de los depósitos de aquellos terrenos. De allí ha extraído unos 500 metros cúbicos de líquidos que estaban localizados bajo una antigua estructura de hormigón. Un gestor autorizado se ha hecho cargo de ellos.
Técnicos autonómicos habían advertido durante una inspección del «riesgo de desborde» en el acopio subterráneo conocido como estructura número 15, según la disposición de las balsas en los planos aportados por Medio Ambiente al Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena, que investiga el presunto delito ambiental denunciado por los vecinos de Torreciega.
Cartagena Parque tiene pendiente la ejecución de la orden de cubrición urgente de las balsas dictada en agosto por el Juzgado de Instrucción 5 de Cartagena. En este tiempo, la Guardia Civil ha vuelto a denunciar el riesgo grave para la salud de los vecinos de Torreciega y de otras zonas de la ciudad por la dispersión de partículas contaminadas por metales pesados. En su último informe al juzgado, en noviembre, detalla la composición del polvo tóxico, la cantidad anual, el alcance por efecto del viento, que llega a un radio de un kilómetro y «podría alcanzar hasta 4 kilómetros» de distancia; y el peligro de exposición a esos materiales (que incluyen zinc, cadmio, cromo, estroncio, arsénico y plomo y otras sustancias) para las personas, incluidos trabajadores y clientes del polígono Cabezo Beaza, así como vecinos de barrios cercanos.
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