La Comunidad deja en manos del CSN las medidas sobre 52 vertederos radiactivos

En el caso de la escuela unionense, donde los residuos de la antigua fundición de plomo El Porvenir están amontonados a escasa distancia del vallado perimetral y de dos patios de juegos, el Gobierno regional pidió el 9 de diciembre al CSN que «actuara directamente», puesto que es el «titular de la gestión del material radiactivo y de su vigilancia, control e inspección» y por lo tanto puede «acometer las actuaciones que procedan».

El escrito, remitido por la Consejería de Medio Ambiente, incluyó información sobre quiénes son los titulares de las parcelas conflictivas en torno al colegio de La Unión; y sobre los requerimientos realizados a estos propietarios para que realizaran «estudios y ensayos de caracterización radiológica».

En marzo de 2019, el CSN advirtió a la Comunidad de que el colegio podría estar sufriendo un «impacto radiológico significativo» por estar los residuos tóxicos y peligrosos al aire libre; le pidió «copia de cualquier información relevante» sobre esta zona, situada a las afueras del casco urbano de La Unión; y le recordó que como «autoridad competente», la Consejería de Medio Ambiente «deberá establecer, si procede, las medidas de control oportunas en función de los riesgos que entrañe la exposición». Eso sí, previo informe del CSN.

Según el Consejo, «tanto la propia actividad de fundición desarrollada en el pasado, como el acopio de residuos en la parcela, podrían ser causa en el entorno de un impacto radiológico significativo, desde el punto de vista de la protección radiológica».

Con su respuesta, el Ejecutivo de Fernando López Miras devuelve así por ahora a Madrid la 'patata caliente' sobre este tipo de contaminación. Y fuentes conocedoras del expediente indicaron que la Consejería siguió el mismo procedimiento con el resto de particulares y empresas titulares de los otros 51 emplazamientos afectados por residuos. Algunos de ellos contestaron, mientras que otros no, situación de la que Medio Ambiente también tiene previsto dar cuenta.

Entre estas áreas figuran tanto los antiguos terrenos de Española del Zinc (Zinsa) en Torreciega, como los de Potasas (Ercros) en El Hondón y la extinta fundición de plomo de Peñarroya, en el barrio cartagenero de Santa Lucía. En este último caso, los residuos de plomo se acumulan junto a la rambla del Cobre, que los conduce hasta las aguas de la bahía, en el entorno de la playa de San Pedro y del muelle de La Curra.

En este caso, hay dudas sobre la titularidad de los suelos. La Autoridad Portuaria de Cartagena solo ha reconocido la propiedad de una finca con naves y otros edificios de esta factoría local.

En medio del cruce de papeles entre administraciones, que dura ya doce meses y que se inició a raíz de una denuncia formulada ante el Consejo por el edafólogo José Matías Peñas, en los últimos días padres de alumnos del colegio Enrique Viviente han escrito al CSN para reclamarle que tome medidas de forma urgente.

Una medición realizada el viernes sobre la montaña de residuos por parte de Peñas, quien detectó hasta 0,4 microsievert/ hora, «una radiación cinco veces mayor a la normal», ha aumentado la preocupación de los progenitores. Junto a este científico cartagenero, los padres llevan también tres años de lucha para ver pavimentadas las zonas de recreo y evitar la exposición a metales pesados. La escuela fue construida sobre suelos mineros de la compañía Portmán Golf.

Pero, a diferencia del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Sierra Minera, situado a pocos metros, del IES María Cegarra y de los colegios de Llano del Beal y de Estrecho de San Ginés, estos dos últimos en Cartagena, el Enrique Viviente sigue sin ese hormigonado.

Las discrepancias entre el gobierno local, que dirige el alcalde del PSOE Pedro López, y el regional, de PP y Cs, a cuenta de quién realiza y paga los estudios de caracterización del suelo han ido retrasando las actuaciones en La Unión. Y todo ello, en un centro con niños cuyos trastornos del desarrollo (como autismo) hacen ya de por sí vulnerable su salud. El 20 de febrero, López Miras y López acordaron que la Comunidad se haría cargo «de los diferentes estudios de caracterización físico-química y de análisis de riesgos en distintas zonas del municipio». Medio Ambiente aseguró ayer que sus técnicos visitaron el colegio el viernes pasado y que iniciarán en breve sondeos. Después, analizará las muestras en un laboratorio. «En función del resultado», pedirá al Ayuntamiento «el pertinente análisis de riesgos» y, si no lo hace, lo asumirá de forma subsidiaria y le pasará la factura.

El Juzgado de Instrucción 2 de Cartagena archivó en 2019 una denuncia contra la Comunidad y Portmán Golf por el colegio, pero está pendiente que la Audiencia Provincial resuelva un recurso de Peñas. La causa llegó desde otro juzgado, pero curiosamente la Fiscalía no pidió ninguna diligencia.