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La Comunidad Autónoma acordó ayer con el Ayuntamiento rehabilitar las 257 viviendas sociales de la barriada Virgen de la Caridad, de la Urbanización Mediterráneo (la 'Urba) y de La Palma y hacer un censo que evite que sean objetivo de okupas y asegure que cumplen su función de integración. El plan, presentado en el seno de la Mesa de la Vivienda, a la que se ha incorporado la Consejería de Fomento, se aplicará por fases a un parque regional de alojamientos que lleva tiempo sin control.
«Utilizaremos dinero de la partida de rehabilitación de viviendas que hay en el Presupuesto regional de este año para mejorar la habitabilidad y las condiciones de vida de esos pisos», explicó el consejero José Ramón Díez de Revenga, en una comparecencia con la alcaldesa, Ana Belén Castejón.
En la plaza de los Derechos Humanos de la Barriada Virgen de la Caridad hay viviendas de este tipo agrupadas en tres bloques. Otro está en el bulevar de Nueva Cartagena. Y hay más casas en La Palma, informó la concejal de Servicios Sociales, Mercedes García. Este año habrá dinero para actuar en uno solo, aún por decidir.
Castejón se dio por satisfecha porque «estábamos en una situación de bloqueo, a la que se empieza a dar solución». Díez de Revenga indicó que la firma de un protocolo entre administraciones permitirá compartir la responsabilidad sobre esas viviendas, porque «el Ayuntamiento es el que tiene mayor conocimiento de las necesidades en esta materia». Además de rehabilitarlas y regularizar la situación de sus moradores, el protocolo incluirá facilidades y ventajas para que estos las compren.
El Servicio de Asistencia de Vivienda (Savi) atendió 346 consultas el año pasado, y registró la suspensión de 69 lanzamiento hipotecarios con desalojo, casi el doble que los 39 del ejercicio anterior. Las solicitudes de ayudas al alojamiento son ya 90 en doce meses y las consultas sobre el acceso a viviendas de promoción pública, unas treinta.
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