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Unos 150 sanitarios del hospital de Santa Lucía se manifestaron este martes frente a la puerta de Urgencias para reclamar medidas urgentes que los protejan de agresiones por parte de los pacientes, en respuesta a la agresión sufrida por dos facultativos el pasado jueves, 3 de abril, en este mismo centro.
La portavoz del Observatorio Contra la Violencia a Sanitarios, Soledad Guillén Mayordomo, afirmó que cada semana se producen una media de 2 agresiones a facultativos en el hospital Santa Lucía. Unas cifras que se duplican cuando se habla de todo el Área 2 de Salud. «Se registran una media de entre 3 y 4 agresiones a la semana en todo el área de salud. En la Región son unas 15 y el año pasado fueron unas 800 en total. Y sólo hablamos de las que tenemos registradas, porque hay muchas que no llegan a denunciarse», indicó Guillén.
Una situación que, aseguran, se ha agravado desde la pandemia. «Además, las causas son las más alejadas a nuestra responsabilidad como que haya unas listas de espera de tres y cuatro meses, la sobrecarga asistencial, deficiencias del sistema o, simplemente, que quieren una baja que el médico considera que no necesita o un medicamento que ni siquiera podemos recetar», afirmó.
De la lectura del manifiesto se encargó la vicesecretaria general del Colegio de Médicos, María Dolores Piqueras, quien reclamó, entre otras cuestiones, la presencia de vigilantes de seguridad en los consultorios médicos. «La implicación urgente de administraciones, instituciones y ciudadanía, porque agredir a los sanitarios es atentar contra la salud de todos. Necesitamos protocolos de protección y actuación inmediata, refuerzo de las medidas de seguridad y una legislación que nos reconozca como autoridad pública y que castigue con contundencia a quienes nos agreden».
A este respecto, Soledad Guillén explicó que «el perfil del agresor es un hombre de entre 40 y 55 años y de la víctima es una mujer de 35 y 45 años».
Sobre la sentencia de esta última agresión, Guillén informó de que ha sido muy favorable «porque reconoce a los médicos como autoridad, además la persona ha sido condenada a una pena de prisión de un año y dos meses, que deberá cumplir si no respeta la orden de alejamiento de 300 metros de ambos facultativos, así como una pena económica de unos 1.000 euros».
La portavoz del observatorio indicó además que el hecho de que se hiciese mediante un juicio rápido ha sido también una buena noticia para ya que «en 24 horas ya había una sentencia y esto hace que los médicos no hayan tenido que esperar uno o dos años».
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