Castejón vuelve a reservarse la opción de excluir al interventor si lo juzga no idóneo

El equipo de gobierno municipal ha vuelto a reservarse la posibilidad de excluir a un candidato a interventor general del Ayuntamiento, aunque cumpla los requisitos legales establecidos en el concurso público de selección, si lo considera no idóneo para el puesto. La Junta de Gobierno Local, compuesta por concejales del PSOE y presidida por la alcaldesa, Ana Belén Castejón, aprobó el viernes mantener la fórmula de la libre designación, con opción a declarar vacante la plaza. La convocatoria incluye también las plazas de otros dos altos funcionarios: secretario general del Pleno y director de la Oficina del Gobierno.

Esta vía fue utilizada en 2014 por el PP para cerrar el paso al interventor Fernando Urruticoechea, y en mayo de 2016 (aun manteniendo la libre designación) la descartó la coalición MC-PSOE, con José López como alcalde. A pesar de ello, estos dos últimos partidos la recuperaron en julio de 2017. El comarcalista aseguró ayer que sus concejales no se percataron de la modificación introducida en la Junta por el concejal de Personal, Francisco Aznar, nada más acceder Castejón a la alcaldía.

El cambio permitía excluir los candidatos que reunieran los «requisitos exigidos», «si no se apreciare su idoneidad para asumir la especial responsabilidad propia del puesto». Los concursos de interventor, secretario y director quedaron desiertos, pero por falta de aspirantes.

MC y Ciudadanos (Cs) cargaron contra los socialistas por este asunto y por plantear en la Comisión de Hacienda, sin informes justificativos del incremento del gasto, una subida de sueldo a los funcionarios que ocupan las plazas de modo provisional. Cs rechazó «los dedazos políticos», y recordó que ha propuesto un cambio legal en el Congreso para «que la libre designación sea un procedimiento residual, que requiera el establecimiento de requisitos estrictos y excepcionales que la justifiquen».

La secretaria del Pleno, Miriam González, vería incrementada su nómina en 30.000 euros, hasta los 90.000 euros; y el interventor, Jesús Ortuño (exdirigente regional del PSOE), y el tesorero, en 15.600 euros, también hasta los 90.000 euros. La directora de la Oficina del Gobierno, Encarnación Valverde, cobraría 17.000 euros más, hasta los 74.000, lo que para MC es un «atropello» explicable solo por razones de «afiliación ideológica».