Castejón será «inflexible» con FCC si no acaba ya con la suciedad en los barrios

Ésta fue la advertencia lanzadas ayer por la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que gestiona el servicio municipal de limpieza y basuras a través de la empresa Lhicarsa, tras las quejas recibidas en las últimas semanas en el Ayuntamiento por la suciedad en varias zonas. Fuentes municipales aseguraron a LA VERDAD que han llegado reclamaciones desde la barriada Virgen de la Caridad (Las Seiscientas) y desde Canteras, entre otras áreas del casco urbano.

Con motivo de la reunión de la Junta de Gobierno Local, que aprobó una multa de 1.375.000 euros a FCC, Castejón mostró su inquietud sobre las carencias en el servicio que ofrece Lhicarsa, donde el Ayuntamiento tiene el 10% del capital. Como adelantó este periódico, la sanción responde a las irregularidades detectadas por los funcionarios en el periodo 2015-2020, donde FCC empleó «medios adquiridos por el Ayuntamiento de Cartagena» para efectuar tareas contratadas con «otras empresas y organismos ajenos al contrato municipal». Esta indemnización, contra la que FCC podrá presentar alegaciones e incluso un recurso judicial, se suma a la reclamación de 450.000 euros por tasas de depósito de basuras en el vertedero aplazadas desde 2016. En este caso, la sociedad pagó la multa la semana pasada.

«Tal y como quedó recogido en el acuerdo programático, el equipo de gobierno al que represento tiene como principal objetivo y responsabilidad ejercer un control exhaustivo, para que se cumplan a rajatabla los servicios contratados a las empresas concesionarias», manifestó Castejón en un comunicado.

Y explicó que, además de aprobar la tramitación del «expediente de cuantificación económica de los daños y perjuicios» causados, el ejecutivo formado por una coalición de exediles del PSOE, PP y Cs dio su visto bueno a la reducción en 504.000 euros, de cara a este 2021, del canon anual que el Ayuntamiento abona a Lhicarsa. El motivo es que el 31 de diciembre acabó «la amortización (el pago) del contrato de soterramiento de contenedores», inversión en forma de préstamo adelantada por la concesionaria.

El equipo de gobierno municipal descarta ejercer un control más directo sobre la empresa mediante el nombramiento de un interventor técnico municipal. Ve suficiente que haya «cesado» en sus prácticas anómalas y relevado a algunos directivos. FCC declinó dar su versión.