La Casa Llagostera, 20 años en el limbo técnico y político

La Casa Llagostera es una joya del modernismo en Cartagena y, por ende, obra del arquitecto Víctor Beltrí. Se levantó en 1913 en la céntrica calle Mayor, 23, y tras varias décadas de esplendor, comenzó una etapa de abandono y objeto de vandalismo en diversas ocasiones. Pero en 2005, la promotora Rústica de Negocios Inmobiliarios, de la familia Armengol Dujardin, adquirió este edificio emblemático en estado de ruina técnica para proceder a su restauración y también el inmueble colindante, –el 21– la Casa Selecciones, y otro que daba a la plaza del Rey, el 16, para posibilitar, en su caso, una actuación hotelera. Desde entonces, los Armengol Dujardin han invertido un gran caudal de ilusión, esfuerzo y recursos económicos para conseguirlo, siendo ajena a su voluntad la situación actual de ambas edificaciones.

La primera actuación que llevaron a cabo fue solicitar los informes del Servicio de Arquitectura de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, y tiempo después, dio comienzo el derribo de la estructura y la conservación de la fachada de coloridos azulejos, con escudos esmaltados de diversas villas catalanas, de donde era natural la familia Llagostera, que encargó a Beltrí el edificio. Tras recuperar los Elementos Interiores Protegidos, se remitió a esa Dirección General y a la Administración local la documentación patrimonial de los tres edificios, redactado por la arqueóloga María del Carmen Berrocal Caparrós, en diciembre de 2010. A partir de esta fecha se inició la intervención de los arqueólogos de la Dirección General, cuyo procedimiento administrativo culminó en enero de 2015 con la resolución que autorizó la ejecución de los sótanos: «Comprobado que no existen inconvenientes desde la perspectiva histórico arqueológica». Asimismo, se procedió a realizar los muros pantalla y la cimentación por micropilotaje.

Sin embargo, en octubre de 2016, los arqueólogos Miguel San Nicolás del Toro y Carlos García Cano firmaron el informe preliminar que recogía que «creemos que nos encontramos ante un tramo del puerto romano de Carthago Nova», lo que motivó que se paralizaran las excavaciones que dejaron al descubierto los restos del yacimiento. Pero a juicio del doctor arquitecto Juan Gómez Acosta y el arquitecto Francisco Marín Hernández, ese texto «no se sustenta en ninguna investigación».

Además de ordenar la suspensión de las obras, obligaron a que «las citadas estructuras portuarias sean conservadas 'in situ', visibles y visitables, con acceso independiente y que el proyecto sea modificado y remitido a la Dirección General de Bienes Culturales para su aprobación, siendo necesario la redacción de un nuevo Plan Especial de Reforma Interior u otra figura de planeamiento por parte del Ayuntamiento de Cartagena». Pese a todo, Gómez Acosta y Marín Hernández sostienen que «no hemos encontrado antecedentes de un yacimiento subacuático (pecio) que se encuentre en un recinto estanco, visible y visitable; en la Región de Murcia no existe ninguno».

Los expertos recuerdan que «dos días después» de remitirse el informe preliminar, la prensa regional publicó noticias totalmente opuestas: desde que el yacimiento descubierto bajo la Casa Llagostera es «el mejor conservado de toda España» y que «se trata de un hallazgo extraordinario, sin paliativos» hasta que «es imposible al 100% que se haya descubierto el cantil del Puerto Romano; [el muro encontrado] está hecho con arenisca de tabaire, un material que no se puede emplear para hacer un puerto ya que se deshace al entrar en contacto con el agua».

A esto se suman las conclusiones del trabajo 'Arqueotopos', dirigido por el doctor Sebastián Federico Ramallo Asensio, quien también dirigió la tesis doctoral 'Los puertos antiguos de Cartagena. Geoarqueología, arqueología portuaria y paisaje marítimo. Un estudio desde la arqueología náutica', del doctor Felipe Cerezo Andreo. «No dicen nada acerca de la existencia de un puerto romano en la Casa Llagostera», subrayan Gómez Acosta y Marín Hernández, al tiempo que rescatan argumentos de esa tesis: «desde nuestra perspectiva de análisis, si bien las estructuras se encuentran en un ambiente muy cercano al límite marino, ninguna de ellas parece responder a criterios náuticos», «no se encuentran en un frente en contacto con el mar, sino con una playa arenosa que imposibilitaría el atraque de cualquier embarcación», y «nosotros apoyamos la interpretación de estos sillares de arenisca, no como un muelle o dique, sino como una rudimentaria, pero efectiva, muralla de época tardorromana».

Los dos expertos agregan, además, que los arqueólogos de la Dirección General de Bienes Culturales rompieron unilateralmente el acuerdo alcanzado por este órgano, el Ayuntamiento de Cartagena y los propietarios, en abril de 2017, para no realizar el segundo sótano y mantener el muro de tabaire en su situación actual. «Pese a que tienen declarado que estas materias técnicas exceden a su formación arqueológica, afirmaron que los colegios profesionales plantean posibles soluciones técnicas de conservación, 'in situ', visibles y visitables, de los restos arqueológicos, sin advertir que ambas instituciones reclaman información de las características del subsuelo para poder realizar un informe con rigor», aseguran.

Al hilo, añaden que «omitieron que las Universidades Politécnicas de Valencia y Cartagena habían dictaminado rotundamente que agotar el nivel freático es inabordable (los sondeos realizados no encuentran la capa impermeable a 26 metros de profundidad) y arbitrar un sistema permanente de extracción de las aguas freáticas causaría un gran impacto ambiental y representaría un elevado riesgo de daños en el propio inmueble o en los servicios urbanos y edificios colindantes».

A renglón seguido, indican que las conclusiones, que son «determinantes», de los informes solicitados a las empresas líderes en impermeabilización y en cimentaciones especiales coinciden en la imposibilidad de ejecutar un recinto estanco en el que el muro de tabaire sea visible y visitable.

No obstante, Gómez Acosta y Marín Hernández también han visto interés por parte de la Dirección General para desbloquear este expediente, a través de varias reuniones, como la celebrada telemáticamente con los colegios profesionales y las universidades politécnicas en julio de 2022; la organizada en el Palacio de Aguirre con la asistencia de las instituciones que el director general consideró oportunas en febrero de 2024, y la convocada por la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, con la participación del director general y otras instituciones en el Ayuntamiento en junio de 2024. «A día de hoy, no ha cristalizado ninguna de las actuaciones propuestas», sentencian.

En este caso, la luz sigue sin verse, aunque «estamos esperanzados en que la noticia que se ha difundido acerca de que la arquitectura debe prevalecer sobre la arqueología sea aceptada por los responsables políticos y ordenen el cumplimiento en todos sus términos de lo que establece el Plan Especial de Protección y Ordenación del Casco Histórico, cuyo artículo 159 dice que «la protección de los edificios y elementos incluidos en algunos de los grados de protección establecidos resulta prioritaria respecto a cualquier otra actuación».