El camping Villas Caravaning de Cartagena mejora sus medios contra los incendios y confía en evitar el cierre

Mientras avanza con la adaptación del recinto a las normativas que le afectan, la compañía, de capital francés, se prepara para emprender posibles acciones judiciales. Acudirá a los tribunales si el Consistorio mantiene el decreto de cierre, basado en informes sobre el riesgo grave de incendio y la obstrucción de distintas vías evacuación por construcciones ilegales. La mercantil está a la espera de la respuesta municipal a un recurso administrativo, donde se opone al cierre del camping.

En el caso del expediente por infracciones urbanísticas, el conflicto ha acabado en los tribunales. La empresa presentó un recurso contencioso administrativo contra la orden de la Concejalía de Urbanismo, que dirige la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón. La compañía encargó su defensa al abogado Salvador Pérez Alcaraz, quien manifestó a LA VERDAD que las resoluciones adoptadas por el Consistorio carecen de la debida fundamentación jurídica.

El letrado también destacó el esfuerzo que está realizando la mercantil para «realizar una importante inversión» con la que «solventar todas las incidencias» detectadas por la administración local, «modernizar las instalaciones» y «mantener una actividad turística de prestigio internacional» que genera empleo y riqueza en Cartagena y en el conjunto del litoral del Mar Menor.

Cerca de la mitad de las 3.000 parcelas en que está dividido Villas Caravaning pertenecen a particulares, como consecuencia de un largo proceso de venta de terrenos. Eso está planteando dificultades al Consistorio, a la hora de notificar sus acuerdos a cada uno de los titulares de las parcelas, en su mayoría extranjeros, e impulsar los expedientes.

También se trata de un problema para los gestores de Villas Caravaning, que están aprovechando las vacaciones de verano para informar a los afectados, conforme llegan al camping, para informarles de la situación e instarles a que solventen cualquier anomalía urbanística o de otro tipo en la que puedan haber incurrido.

Fuentes del camping explicaron a LA VERDAD que, con ayuda de un equipo de expertos, han iniciado una inspección exhaustiva de las 2.133 parcelas del camping para elaborar una ficha técnica de cada una de ellas. Este trabajo de «actualización urbanística», que será entregado al Ayuntamiento, incluirá información sobre cuestiones como la distancia de separación entre construcciones (en las 800 fincas de acampada no las hay) y la existencia o no de obras permanentes, techado, cerramiento frontal, obstáculos a la circulación (como maceteros) y solera.

Fuentes municipales y vecinales indicaron que los problemas se centran en unas 300 viviendas. Ante la pasividad de los responsables del recinto y del área de Urbanismo del Ayuntamiento, los titulares realizaron obras ilegales, como añadir una segunda planta al inmueble y ensancharlo, hasta invadir la calle. También hicieron conexiones irregulares a la red eléctrica para aumentar la potencia y, así, poder usar por ejemplo más electrodomésticos.

En el camping han instado a los infractores a realizar los derribos pertinentes. También han contratado a empresas de ingeniería para proyectar «instalaciones eléctricas de derivación individual a cada parcela desde cuadros» centralizados. Estos estarán situados en armarios de obra y protegido por puertas y cerraduras, «para impedir su manipulación». El reto es garantizar «que todas las instalaciones que se conecten estén protegidas frente a contactos indirectos, sobrecargas y cortocircuitos». Además, se limitará la potencia asignada a cada usuario.

El objetivo es reducir en todo lo posible el peligro de incendios como el de octubre de 2021, que arrasó 23 parcelas, y el de abril de este año, cuando murió un hombre en su casa prefabricada. Se temió una propagación de las llamas.