La Cámara de Comercio de Cartagena pide menos restricciones para construir en la ribera sur del Mar Menor

Los empresarios no quieren ven mermados sus intereses en el Plan Urbano y por ello solicitaron en su paquete de alegaciones que «se supriman nuevas incorporaciones de suelos protegidos a los ya existentes» – teniendo en cuenta que el 83% del término municipal ya cuenta con protección–, y la «eliminación de las obligaciones de presentar evaluaciones ambientales donde no son exigibles». Esas restricciones tienen su origen en un compromiso electoral realizado por Noelia Arroyo en la última campaña electoral municipal con el fin de evitar nuevas urbanizaciones en la ribera sur del Mar Menor.

La Cámara lo pide para todo el municipio, también para la zona del Mar Menor, donde la medida del Plan General debe ser «acorde con sus necesidades reales, y no amparada en un supuesto perjuicio de nuevos asentamientos».

Para el casco antiguo de Cartagena también plantearon propuestas, porque «no puede seguir paralizado y abandonado». De ahí que pidieran que se establezcan normas que permitan su verdadera recuperación, no el mantenimiento de escombros». Para los núcleos rurales, los empresarios exigieron su ampliación. Lo ven necesario «para permitir su crecimiento ordenado y vegetativo». Al menos, quieren que se mantenga la establecida en el plan anterior, puesto que creen «que la ordenación prevista no responde a su mantenimiento y crecimiento señalado». Para el desarrollo de la ciudad ven necesario «incrementar los índices de densidad, al menos en las zonas urbanas que bordean la ciudad», las que están consideradas áreas de expansión natural.

Para otras zonas del municipio reclamaron la incorporación como uso residencial de los suelos desde el sur de Santa Lucía hasta la batería de San Isidoro, para «así completar la fachada marítima de Cartagena». Toda esa zona se corresponde con la antigua fundición de Peñarroya. También solicitaron que los suelos ya desarrollados y en ejecución «pasen a formar parte del suelo urbano», de la misma forma que reclamaron que «los planes parciales vigentes se mantengan para que no se paralice la actividad».

Para uso turístico e industrial requirieron nuevos emplazamientos y reservas de suelo y que los primeros «no se limiten al entorno de la Sierra Minera». También plantean suprimir el máximo de diez alturas en los desarrollos que no tengan limitaciones sectoriales, con independencia de que se promueva la edificación intensiva con la liberación de espacios libres comunes que correspondan. Por último, pretenden que sea eliminada de la misma forma, la «obligatoriedad de reserva de uso hotelero en los sectores residenciales».

La Cámara de Comercio de Cartagena muestra de esta forma su «preocupación», por que la actividad industrial, promocional, turística, logística y de servicios, no se pueda ver impedida por falta de soluciones y de objetivos claros. Por eso «como institución responsable del desarrollo económico y del empleo», presentó estas alegaciones solicitando su incorporación al Plan General.

Mientras, la Plataforma que promueve la Personalidad Jurídica del Mar Menor criticó ayer en un comunicado que el avance del Plan «no es accesible» para toda la ciudadanía, porque la información está dividida y es de difícil localización. Entre los problemas que le ve es que Cala del Pino, en La Manga, sigue «sin protección», algo que según el colectivo «pone en riesgo la urbanización de terrenos en venta».

También en La Manga, advierte, es crucial «salvaguardar» las pocas zonas verdes restantes. «Hemos contactado con propietarios dispuestos a negociar con el Ayuntamiento, pero no hemos recibido respuesta desde 2021», detallan en una nota.

La plataforma denuncia que el futuro desvío de Canteras de la actual carretera que la une a la ciudad, «amenaza el bosque creado por el ingeniero técnico agrícola Ramón Navia, a una parte del cementerio de la población y a las canteras romanas». También que el Plan Urbano no prevé una solución para «el emisario de la estación depuradora de aguas residuales del Mar Menor en Cala Reona, que seguirá afectando el Parque Natural Regional Protegido de Calblanque». En su opinión es «urgente un cambio en la gestión de nuestras infraestructuras hidráulicas. La mala gestión humana ha magnificado lo que llamamos catástrofes naturales». Por último reclaman, además, que los huertos solares solo sean construidos en zonas industriales y «no en áreas naturales como ahora».

Por otra parte, MC reclamó ayer también la presentación pública por parte del Ayuntamiento del estudio de zonas inundables realizado por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) antes de cerrar el plazo de alegaciones del Plan General. «Este estudio permitiría analizar cómo el desarrollo urbanístico puede alterar el régimen de corrientes de las aguas», indicaron desde esta formación.