El Ayuntamiento rechaza pagar la defensa de Pilar Barreiro en 'Novo Carthago'

Según fuentes municipales, el informe concluye que «no procede el pago de las minutas reclamadas» a Barreiro, exculpada del delito de prevaricación por el Tribunal Supremo. La Asesoría abre la puerta a que «por parte de Alcaldía» se acuerde un abono a la antigua edil, diputada y senadora del PP. Eso sí, habría que «atender los gastos que realmente hayan sido 'necesarios' para el proceso» y no «importes abusivos o excesivos».

El hipotético desembolso se realizaría «excluyendo aquellos gastos cuyo devengo no sea obligado» y acudiendo a «las tablas de honorarios publicadas oficialmente por los Ilustres Colegios de Abogados de Murcia y Madrid». En última instancia, además, «será el Pleno municipal el que tendrá que acordar la percepción de indemnización por los gastos ocasionados», advierte el informe.

Según la Asesoría, Barreiro optó de forma voluntaria por un bufete privado. No hubo, como afirmó ella, incompatibilidad que le impidiera ser representada por alguna de las dos vías que fija el Acuerdo de Condiciones de Trabajo del Ayuntamiento: la Asesoría o el bufete contratado por la institución para estos temas.

El Ayuntamiento, apunta el informe, no se personó como acusación particular en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia; y cuando accedió a la causa en el Supremo, ya había pasado un año de la imputación de Barreiro y había «afectados intereses municipales que exigían protección». Además, Barreiro no se opuso a ser defendida por el Ayuntamiento ni comunicó a éste su decisión, por lo que no puede pretender «obtener el resarcimiento de los gastos derivados» de un servicio privado.

La exalcaldesa advirtió de que sería «una discriminación» que a ella le denegaran el pago de las facturas, cuando sí fue indemnizado «un alto cargo de la Corporación que resultó absuelto» en «otro supuesto similar, aunque de mucha menor enjundia, que no de valor económico».

Fuentes municipales lo interpretaron como una alusión al funcionario jefe de Urbanismo, Jacinto Martínez Moncada, quien vio aceptada su petición de que el Consistorio asumiera los cerca de 26.000 euros de gastos en la causa penal del antiguo cuartel de La Azohía.

Podemos-IU-Equo exigió ayer la apertura de una comisión de investigación sobre este último asunto, para aclarar las dudas sobre la cuantía y la fórmula legal usada: un decreto del exalcalde y exedil de Urbanismo José López, actual portavoz de MC, sin informe de la Asesoría Jurídica ni presuntamente trámite previo de un órgano; y otro decreto del exconcejal de Urbanismo y Función Pública Francisco Aznar, del PSOE.