El Ayuntamiento de Cartagena negocia la cesión de Fajardo y exige mejoras para el resto de las baterías

Paredes llenas de pintadas, techos semiderruídos, escombros en el interior y en el exterior, desconchones, humedades y, en algunas zonas, hasta restos de basura. Ese es el estado actual de la batería de Fajardo, situada en el collado del monte Galeras, en el flanco sureste del puerto de Cartagena. Pese a ser una edificación declarada Bien de Interés Cultural (BIC), está abandonada. Es una de las fortificaciones, de la veintena que hay repartidas por la costa cartagenera, que en peor estado de conservación se encuentra, debido a que, desde que fue desmilitarizada, el Ministerio de Defensa no ha invertido en ella ni un euro. La Armada es la titular del inmueble.

Pero esta imagen podría cambiar si las negociaciones entre el Ayuntamiento de Cartagena y Defensa fructifican. Ambas administraciones negocian, para que el inmueble pase a ser propiedad del Consistorio. La petición la realizó el exalcalde, José López, en 2017, y hace pocas semanas el Ministerio envió una carta al Gobierno local mostrando su predisposición para hacer el traspaso.

Las primeras conversaciones fueron mantenidas hace dos semanas entre la alcaldesa, Ana Belén Castejón, y la secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver. En ese encuentro, además, la primera edil entregó un dossier con todas las baterías y fortificaciones militares que hay en Cartagena y su estado de conservación.

La cesión será tratada con más detalle dentro de dos semanas, cuando Castejón tiene previsto mantener una reunión con el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares. Según fuentes municipales, el Ayuntamiento estaría dispuesto a aceptarla, con condiciones. Entre los impedimentos está la costosa rehabilitación que necesita el BIC. Y es que el millón de euros que el Gobierno central tiene consignado en los Presupuestos Generales de este año no sería suficiente. Otro de los inconvenientes es el mantenimiento y la vigilancia, que el Consistorio quiere que sea compartido por ambas administraciones, mientras no se le dé un uso concreto al conjunto monumental. Otro problema añadido es que es necesario disponer de los accesos, que también pertenecen a Defensa.

Lo que sí está claro es que se le daría un uso turístico. Hace dos años, el Gobierno de José López propuso ubicar un albergue juvenil o un hotel con encanto. Fuentes del Ejecutivo actual aclararon que la iniciativa privada tendría que llevar el 100% del peso de la inversión.

Desde la Asociación de Amigos de las Fortalezas y los Castillos de Cartagena (Aforca) propusieron crear un consorcio entre las dos administraciones, para explotar el inmueble, una vez sea rehabilitado. La idea del presidente del colectivo, Juan Lorenzo Gómez-Vizcaíno, es conseguir algo similar a lo que se hace desde hace años en la fortaleza Isabel II de la Mola en Mahón (Menorca). Allí organizan visitas guiadas y también celebran bodas y comuniones. «Hacer lo mismo en Fajardo sería totalmente viable», valoró Gómez Vizcaíno.

Esta batería fue construida en el siglo XVIII, para vigilar a la vez el flanco oeste de la dársena de Cartagena y La Algameca. El paso de los años desde que fue abandonada y su exposición a las inclemencias del tiempo han hecho mella en su estructura. Aforca la incluyó entre las fortificaciones con más riesgo de derrumbe. El pasado año, ya aparecieron signos de la debilidad del tambor fusilero de su cara norte, que está entre los elementos que más riesgo tienen de venirse abajo.

Ciudadanos tomó cartas en el asunto para promover la recuperación de esta y de otras fortalezas en peligro. En su negociación con el anterior Ejecutivo central del PP introdujo una enmienda a los Presupuestos Generales de 2018, para dotar con un millón la restauración de las fortalezas. La iniciativa fue aprobada, pero el diputado del PP en el Congreso por Murcia, Teodoro García, aseguró que no se iba a ejecutar, porque no se incluían los proyectos técnicos para ello. Así ocurrió.

La única en la que ha actuado el Gobierno central en los últimos años es la de Santa Ana Acasamatada, un fortín edificado a principios del siglo XVIII. En 2017 invirtió 680.000 euros en la muralla y la fachada. Los daños en el muro perimetral, el deterioro en las escaleras, las filtraciones de agua, la aparición de vegetación en lo alto del edificio principal y de la muralla y la acumulación de escombros fueron subsanados.

Pero un año y medio después de la finalización de esos trabajos, los vándalos han roto el candado que cerraba la puerta y han realizado pintadas. El acceso, pese a estar prohibido, es ahora libre, al estar el portón abierto. Eso hace que, además, la ladera de la fortificación esté llena de papeles, plásticos y basura.

Aforca tiene una lista de fortalezas en peligro. Denuncia el estado del camino cubierto aspillerado de entrada a la batería de la Podadera (finales siglo XIX), cuya construcción está a punto de desplomarse sobre el mar; y el cuerpo de guardia del Castillo de la Atalaya (siglo XVIII). De este último, solo queda en pie una parte de la estructura exterior.

En mal estado están la entrada falsa y los muros exteriores de los repuestos de polvorines y artificios del Castillo de San Julián; los forjados y los relieves egipcios de los repuestos de pieza de la batería de la Parajola; la edificación del cuerpo de guardia y de repuestos del Castillo de Moros (XVIII); y el baluarte número 9 de entrada a Navantia de la Muralla de Carlos III (siglo XVIII). Éste está agrietado y apuntalado en su acceso desde el puente de la Rambla de Benipila.

En 2016, la Asociación Daphne exigió a la Comunidad Autónoma el cumplimiento de una sentencia del año 2000. El fallo judicial obligaba a «la Dirección de Bienes Culturales a instar al Ministerio de Defensa al cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a la conservación, vigilancia y protección del patrimonio histórico y a fijar un plazo para que el propietario cumpliera con sus obligaciones. En caso contrario, la Comunidad debía proceder a la ejecución subsidiaria de las obras».

Este colectivo exige, además, al Ayuntamiento que «se posicione en este asunto de tanta importancia para el desarrollo turístico y cultural de nuestro municipio, puesto que la administración regional lleva pasando página 18 años».

No fue hasta mediados de diciembre cuando la Comunidad Autónoma proporcionó al Ministerio de Defensa un listado con las batería que presentaban peor estado de conservación y más potencial de uso. Fuentes regionales indicaron que ese departamento estatal valora cómo y dónde actuar.