La Atalaya de Cartagena se deteriora sin freno por el vandalismo y la falta de inversiones

La celebración, hace unas pocas semanas, de una nueva edición de la Ruta de las Fortalezas puso de nuevo en el escaparate, tras dos años de pausa por la pandemia, el estado de conservación del patrimonio militar en desuso, que ha guardado durante siglos la dársena portuaria de Cartagena. Miles de participantes pudieron apreciar, durante la prueba, unos destrozos de los que los senderistas que suben habitualmente tienen perfecto conocimiento desde hace tiempo. Parte de la estructura de sillares de los muros exteriores evidencia unos problemas cada vez más acusados y el efecto de las andanzas de los gamberros, que también aquí han hecho estragos, completa la jugada.

El castillo de la Atalaya fue construido entre 1766 y 1777, según un proyecto del ingeniero militar Pedro Martín-Paredes Cermeño. El objetivo de hacer allí la fortificación era asegurar al mismo tiempo el Arsenal Militar, desde el flanco oeste, y La Algameca, para conjurar cualquier riesgo de que fueran alcanzados por las bombas en un ataque por mar.

Para la historia ha quedado su papel en la revolución cantonal. En la noche del 9 de enero de 1874, mientras se consumaba el sitio a la plaza fuerte de Cartagena con intensos bombardeos, la guarnición de la fortaleza se mantuvo firme. Finalmente, llegó la rendición y los intentos del héroe cantonal Antonete Gálvez de tomarla de nuevo resultaron infructuosos y aquello fue el principio del fin de aquel levantamiento revolucionario.

Hace 50 años cesó el uso militar y el Ministerio del Ejército traspasó al de Hacienda la titularidad. Entre 2016 y 2017, el Ayuntamiento acordó la cesión de la fortificación. Por entonces, la Asamblea Regional aprobó por unanimidad una iniciativa de todos los partidos para que el Gobierno central invirtiera en su restauración, pero, según las fuentes consultadas, la propuesta no fructificó. Desde entonces y pese a que llegó a haber un plan con 400.000 euros de fondos municipales para iniciar una recuperación integral, solo se han invertido algo menos de 100.000 en tomar medidas preventivas para evitar derrumbes, colocar la puerta que ahora está destrozada y apilar los sillares y otros elementos que estaban desperdigados con vistas a una futura rehabilitación en condiciones. Por ahora, no hay nada en el horizonte.

En Cartagena hay catalogados 190 elementos constituyentes del extenso patrimonio que la defensa militar de Cartagena ha dejado al municipio. Hay cinco castillos, además de 42 baluartes, 14 torres, 7 muralla, 18 cuarteles, 41 baterías, 7 fuertes y 17 puertas, junto a otras construcciones menores. El cronista de Cartagena, Luis Miguel Pérez Adán, considera que la fortaleza de la Atalaya se encuentra entre las que están mal conservadas y «requiere una actuación a corto plazo, porque su deterioro es preocupante». Está en la misma situación que el Castillo de Los Moros, pero en este hay ya un plan director en elaboración para recuperarlo, igual que en la fortificación de Despeñaperros.

«Tener cerrada una fortaleza es lo peor. Lo que hay que hacer es rehabilitarla y darle un uso que genere un rendimiento para financiar su mantenimiento. Por eso, nosotros vemos clarísima la orientación que se le puede dar al castillo de la Atalaya. Sería un magnificó centro de interpretación de la historia de Cartagena, teniendo en cuenta que fue la fortaleza en la que se generó el levantamiento cantonal, en el siglo XIX», explicó a LA VERDAD el presidente de la Asociación de Amigos de los Castillos y las Fortalezas de Cartagena, Juan Lorenzo Gómez-Vizcaíno.

Los miembros de este colectivo mantienen un seguimiento continuo de la evolución de los casi 200 elementos que fueron parte de la historia y del patrimonio militar durante los últimos 300 años y que ahora ya no se utilizan. La gestión pública «puede funcionar en casos concretos como el Fuerte de Navidad, con sus más y sus menos, pero es insostenible plantearla para el conjunto de las fortalezas», explicó Gómez-Vizcaíno. A su juicio, con el tiempo, los fondos escasean, el deterioro vuelve a manifestarse y los planes de conservación se malogran. «Un ejemplo es la Torre de Santa Elena, que se asoma a La Azohía. Arreglaron el sendero de acceso y la restauraron, pero nunca se acertó a darle una utilidad y ahora vuelve a estar abandonada», subrayó.

A su juicio, la dificultad de poner este patrimonio en manos particulares es que primero hay que convencer al Ministerio de Defensa y luego articular las garantías que hagan atractivo para la iniciativa privada iniciar allí un proyecto turístico consistente. «Tiene que ser con acuerdos a varias bandas, que en este caso también deberían implicar a la Autoridad Portuaria», añadió Gómez-Vizcaíno.