Arroyo exigirá a la Sareb que levante 1.400 pisos protegidos en la Finca Buenos Aires de Cartagena

Arroyo avanzó que en los próximos días el servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena notificará a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, controlada por el Ministerio de Economía a través del FROB, el inicio del procedimiento de venta forzosa de los terreno que tiene inmovilizados en la finca Buenos Aires. Localizados a la salida de Molinos Marfagones en dirección a Cuesta Blanca junto a la N-332, pueden albergar más de 1.400 viviendas de protección oficial.

El Ayuntamiento de Cartagena cuenta con poner en marcha otras dos iniciativas ya conocidas para llegar a esas 1.760 nuevas viviendas en este década. Una de ellas se centra en la promoción de 300 pisos de protección oficial en parcelas municipales situadas precisamente en la Finca Buenos Aires, en Los Mateos y en la barriada San Ginés.

El segundo eje de actuación es la aplicación de las normas de edificación forzosa en el casco histórico. Como avanzó LA VERDAD, el Ayuntamiento ha recibido hasta comienzos de febrero solicitudes de licencia para la construcción de 60 pisos en ocho solares de los 41 a los que ha empezado a aplicar las normas de edificación forzosa. Urbanismo notificará el inicio del procedimiento a los propietarios que no han realizado la solicitud, primer paso hacia la subasta de las parcelas para ponerlas a disposición de inversores dispuestos a edificar.

Acerca de la Sareb, Arroyo dijo que «no quiere construir, no quiere ceder; solo quiere vender». Y reveló que el denominado banco malo ha ofrecido al Ayuntamiento en distintas ocasiones la venta de dichos terrenos heredados de la participación de la extinta Cajamurcia en un proyecto de vivienda joven que impulsó junto con el Ayuntamiento y constructores locales en 2009. Cartagena Joven SL sólo levantó allí 400 de los 1.800 pisos previstos.

Así que el Ayuntamiento exigirá que comience a urbanizar y solicite licencia en las parcelas edificables para completar la urbanización. En caso contrario, el saldrá a subasta para garantizar su transformación en vivienda.

Igualmente, el departamento municipal que dirige el concejal Diego Ortega tramita la creación de una Oficina Municipal de Vivienda cuya finalidad será centralizar los recursos municipales en esa materia, así como asesorar a ciudadanos y promotores interesados en acogerse a las iniciativas de desarrollo urbano.

La ocupación ilegal de viviendas fue otro de los temas abordados en la reunión de alcaldes populares. Arroyo reclamó la aprobación de la proposición de ley del PP para acelerar los procesos de desokupación y destacó que el bloqueo de esa norma en las Cortes afecta negativamente al mercado del alquiler. «Miles de jóvenes no pueden acceder a viviendas que están vacías porque sus dueños tienen miedo de alquilarlas ante la falta de garantías jurídicas», dijo.

Al respecto, el Ayuntamiento de Cartagena pretende reforzar el asesoramiento y protección a los afectados, tanto propietarios como vecinos que sufren problemas derivados de la okupación.

Para favorecer el acceso a la vivienda, el Ayuntamiento quiere aplicar una rebaja del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios que destinen sus viviendas al alquiler para jóvenes. Para conseguirlo es necesario una reforma legal para la que el PP de Cartagena pedirá el respaldo de los grupos municipales en uno de los próximos plenos. Esa propuesta se sumaría a la reducción del IBI ya prevista para quienes cedan viviendas al Ayuntamiento para su programa de alquiler social. Según la alcaldesa, ambas medidas buscan aumentar la oferta de vivienda en alquiler y facilitar la emancipación juvenil.

Arroyo avanzó a su junta directiva que otra de las prioridades de legislatura es la simplificación en la concesión de licencias urbanísticas. Cartagena aplica ya la concesión de primera ocupación mediante declaración responsable y Arroyo ha dado instrucciones para que se estudien medidas que reduzcan los plazos y eliminen trabas burocráticas en la tramitación de licencias, con el objetivo de reducir a tres meses como máximo la duración de las gestiones ante Urbanismo.

No obstante, en el caso del centro de Cartagena es un proceso más complejo, pues en muchas ocasiones en las decisiones intervienen otras administraciones, generalmente Patrimonio de la Comunidad Autónoma por el hallazgo de restos arqueológicos o tratarse de entornos de BIC. «Sabemos que es un proceso complejo, ya que gran parte de los retrasos se deben a informes de organismos externos y plazos fijados por leyes supramunicipales, pero vamos a trabajar para reducir tiempos y facilitar la inversión», dijo.

En la reunión de Zaragoza, los grandes municipios gobernados por el PP acordaron implantar seis grandes líneas de actuación: la movilización de suelo público, la simplificación de trámites urbanísticos, el impulso a la rehabilitación, la colaboración público-privada, la reforma de la normativa estatal y la lucha contra la okupación.