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Los abogados de Cartagena protestan contra la decisión del Ministerio de Justicia de establecer el tercer Juzgado de lo Mercantil provincial en la ciudad de Murcia. El decano del colegio de letrados, Antonio Navarro Selfa, anunció este miércoles la intención de impugnarla, «si fuese necesario», basándose en el consenso social y político y el acuerdo por unanimidad de la Asamblea Regional para que ese órgano tenga su sede en Cartagena.
El enfado de los profesionales de la Justicia de Cartagena es mayúsculo con el Ministerio e inicialmente también con la Comunidad Autónoma. El Consejo de Gobierno de la semana pasada aprobó sin objeciones el informe remitido por el Ministerio de Justicia indicando la creación de ese tercer juzgado de lo Mercantil en la capital regional y olvidó el acuerdo del Parlamento autonómico. Este, el pasado 8 de julio, se pronunció a favor de establecerlo en Cartagena, debido a que un alto volumen de los asuntos que se dirimen en los dos que ya funcionan en Murcia son de empresas de la comarca cartagenera.
Fuentes oficiales, confirmaron que el consejero de Presidencia, Javier Celdrán, en funciones de secretario del Consejo de Gobierno, firmó este martes una carta dirigida al Ministerio reiterando el informe favorable de la Comunidad a la creación de dicho juzgado pero matizando que «se lleve a cabo en la ciudad de Cartagena». Asegura en el escrito que es «una prioridad que cuenta con el consenso social y político», insiste en el compromiso institucional para buscar un local en la ciudad para establecerlo y recuerda la declaración institucional aprobada en la Asamblea. Celdrán aprovecha para recordar al Ministerio que el déficit de órganos judiciales en la Región «es notable y afecta a todos los partidos judiciales», aunque destaca la situación de Cartagena y las demoras reiteradas para construir una Ciudad de la Justicia.
La carta fue redactada después de la reunión que Javier Celdrán mantuvo el lunes con la vicealcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, con Navarro Selfa y con el decano del Colegio de Procuradores, Alejandro Lozano. Los tres, indicaron las mismas fuentes, expresaron al consejero su enfado por esta situación y su temor a que Cartagena pierda un juzgado comprometido.
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La implantación de ese tribunal en la ciudad portuaria es una vieja aspiración de los profesionales de la Justicia, de los vecinos y de los agentes sociales, que lo reclamaron por última vez en una reunión celebrada con la alcaldesa, Ana Belén Castejón, el pasado día 17 en el Palacio Consistorial. La ley establece que los juzgados de lo Mercantil son de ámbito provincial, pero concede la posibilidad de implantarlos en ciudades que no son capitales pero tienen un contrastado peso social, económico e histórico. Así, el tercer juzgado de lo Mercantil de Pontevedra está ubicado en Vigo, el de Oviedo se halla en Gijón y el de Alicante, en Elche.
La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, reunida de urgencia, decidió pedir explicaciones al Ministerio y a la Comunidad por esa decisión. También, reclamar al Gobierno regional que rectifique para que el órgano judicial se ubique en Cartagena. Navarro Selfa recordó que en este asunto van de la mano del Colegio de Procuradores, que tiene como decano a Alejandro Lozano, así como a los presidentes de la COEC y de la Cámara de Comercio, Ana Correa y Miguel Martínez, respectivamente, ambos letrados colegiados.
Los cuatro firmaron el pasado 6 de julio el segundo Manifiesto de la Justicia, junto con el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Leandro Sánchez, y el presidente de la Asociación de Graduados Sociales, José Moreno. Dicho documento recoge la necesidad de crear el tercer juzgado provincial de lo Mercantil en Cartagena, la implantación de otro juzgado de Primera Instancia y la construcción de una Ciudad de la Justicia que acabe con la actual dispersión de tribunales y servicios judiciales. En esa cita, denunciaron el «ninguneo» y los «agravios» de la Administración de Justicia con Cartagena. Basaron sus críticas en datos del propio Ministerio que demuestran esa infradotación respecto a otras grandes ciudades que no son capitales provinciales. Mientras que el partido de Cartagena, con 250.034 habitantes, tiene 25 unidades judiciales, el de Elche dispone de 33 para atender una población de 291.327; Gijón tiene 34 para 282.287 habitantes; y Jerez de la Frontera, 26 para 217.281 habitantes. Cáceres, Cádiz y Albacete son capitales de provincia de tamaño similar a Cartagena pero con más juzgados.
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