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El presidente de MC y abogado, Jesús Giménez, informó ayer de que su grupo recurrirá a los tribunales si el Pleno municipal acuerda obligar al exalcalde y exconcejal de Desarrollo Sostenible, José López, a devolver 130.000 euros del sueldo que cobró por desempeñar esos cargos mientras era titular de la empresa familiar de venta de café. «La Corporación solo puede hacerlo ratificando un dictamen de la Secretaría de Pleno, que aún no ha sido emitido y que cambiaría el criterio que ese departamento estableció hace seis años», indicó Giménez. «Estarían prevaricando», remató López.
El exprimer edil y secretario general de MC anunció esta medida tras conocer ayer un informe de la Comunidad que indica que debió renunciar a la alcaldía, a su empresa o al menos pedir expresamente un informe sobre la compatibilidad entre ambas cosas. A su juicio, ese escrito y el que ya emitió la Asesoría Jurídica tienen la misma validez que el que podría hacer a su favor «una asociación de boy scouts» o «el colegio nacional de árbitros». Ambos documentos los exigió el Partido Popular y la alcaldía les dio trámite.
Solicitar el dictamen de la Secretaría de Pleno es cosa de la alcaldesa, Ana Belén Castejón, que todavía no lo ha hecho oficialmente. Lo que se diga en él servirá de base a la decisión del Pleno. Si insta a la devolución, iría en contra del principio fijado «verbalmente» por la anterior responsable de ese puesto y un exjefe del área de Personal, en 2011, y podría incurrir y abocar al Pleno a la comisión de un delito de prevaricación, según Giménez y López.
«A mí me dieron el visto bueno en 2011. En 2015 volví a entregar la misma documentación porque mi situación en la empresa no había cambiado. Nadie expresó ninguna duda, porque no la había, y yo no tenía ninguna obligación de pedir un nuevo informe, igual que no hay por qué llamar a la Guardia Civil para que te haga un control de alcoholemia preventivo cada vez que arrancas tu coche», explicó el edil.
A su juicio, en todo esto no influye para nada que en 2015 pasara de concejal de la oposición, sin competencias ejecutivas, al puesto de primer edil, con capacidad para decidir sobre asuntos que benefician a su negocio o pudieran perjudicar a sus competidores. «Si alguien sostiene que el señor López tomó una decisión de ese tipo, que lo demuestre, en lugar de tirar la piedra y esconder la mano», añadió Giménez.
Desde la alcaldía admitieron que los informes cuyo contenido ha trascendido no obligan a nada, pero exponen las consecuencias legales que tiene la presunta incompatibilidad. El informe de la Comunidad apunta a que podría haber sanciones por una infracción grave de la Ley de Transparencia.
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