El 'agujero negro' del barrio universitario

Hace más de catorce años, en junio de 2003, José Antonio Alonso, exalcalde socialista de Cartagena (1991 a 1995) y reconvertido en hombre de negocios, 'vendía' públicamente las excelencias en la ejecución del proyecto de reurbaniación del barrio universitario, adjudicado el ejercicio anterior por el Ayuntamiento en un concurso público con polémica. Ferrovial lideró la valoración técnica, pero por la oferta económica ganó Residencial Puerta Nueva, empresa formada por Set Home y Promociones Alumbres, y que fichó a Alonso como gerente.

En una entrevista con 'La Verdad', él negó que su puesto tuviera que ver con sus amistades en el PP y aseguró que la mercantil (donde entraron empresarios locales y de Madrid) le buscó por su «conocimiento de la Administración», en particular por haber impulsado el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) como concejal de Cultura. Entonces, era alcalde Juan Martínez Simón (1983-1987).

El también exdiputado Alonso resumió así la forma en que su compañía afrontaba el proyecto, ideado por él como político y aplicado por la alcaldesa del PP Pilar Barreiro (1995 a 2015): «Somos conscientes de que el hecho arqueológico no puede convertirse en un problema, sino en un valor añadido de la zona; aunque, desde luego, nuestra misión es vender casas y ganar un dinero».

Más de catorce años después, la empresa lleva tres en suspensión voluntaria de pagos; tiene a cuatro directivos imputados por un presunto desfalco de 9,2 millones de euros, mediante préstamos fraudulentos con cargo a la liquidez de la compañía; sus cuentas están bajo la supervisión de la Audiencia Nacional, donde el juez del 'caso Púnica' considera al exregidor cabecilla de una trama de corrupción nacional que afecta a la Comunidad de Murcia y al consistorio cartagenero, y que le atribuye seis presuntos delitos. Además, la mercantil está ahora al borde de la desaparición, tras haber pedido el administrador concursal la liquidación, ante las dificultades para afrontar una deuda de 22 millones de euros.

Tan poco viable ha considerado la promotora inmobiliaria el abogado Armando Luis Betancor Álamo, designado administrador por el Juzgado de Lo Mercantil 1 de Madrid, que ha propuesto la aprobación de un plan de liquidación que incluya enajenar el único activo: un edificio del barrio universitario.

Según fuentes conocedoras del expediente, el dinero obtenido con la venta directa, la subasta u otra fórmula que se empleara para que el inmueble cambiara de propietario tendría como destinatario preferente la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Esta entidad, conocida como 'banco malo' y donde el 45% está en manos del Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el 55% restantes es capita privado, es titular de la garantía hipotecaria de 10,8 millones de euros asociada a ese bloque. Por si fuera poco, Sareb tiene un crédito privilegiado especial de 5,6 millones; y es acreedor en total de 18 millones de euros, pues las viviendas no vendidas, debido entre otros factores a la crisis, fueron construidas con préstamos de Caja Murcia, integrada en Banco Mare Nostrum tras su nacionalización, y a su vez fusionado con otra entidad intervenida: Bankia.

Las prioridades del posible cobro que establece el concurso, donde todos los activos y pasivos son reordenados según criterios legales, hacen «prácticamente imposible» que el Ayuntamiento cobre los cerca de 2,3 millones que Puerta Nueva le adeuda. Esta cantidad equivale al 30% de las plusvalías extraordinarias obtenidas por la mercantil, entre 2007 y 2010, con la venta de casas (la promoción completa son unas 300). Aunque el contrato establecía liquidaciones anuales, la Sociedad Municipal Casco Antiguo (cuyo capital es íntegramente municipal) no las exigió y tuvo que reclamar el dinero por la vía judicial años después, ante un requerimiento de Hacienda.

Entre otras cosas, hay que tener en cuenta que, según las mismas fuentes, el valor contable de la promotora ha sido calculado en 6,5 millones y que solo la Agencia Tributaria reclama en torno a un millón. El Ayuntamiento de Cartagena también exige más de 90.000 euros en impuestos, como el de Bienes Inmuebles de unas ochenta viviendas, plazas de garaje y locales.

¿Insolvente a propósito?

Por ahora, el Consistorio ha ganado una batalla en el juzgado, que va lento por su notable colapso. El magistrado ha ordenado que una empresa subcontratada por Puerta Nueva para gestionar el alquiler de sus inmuebles ingresara en la cuenta bancaria asociada al concurso 90.000 euros. Esta es la cantidad recaudada, en concreto, durante meses por la mercantil Good News International 21 SL, que tiene su sede en la localidad alicantina de Orihuela. El administrador concursal acreditó que esta firma estaba «escamoteando» el dinero, al no declararlo como un ingreso de la promotora, y el juez mandó dar por rescindido el contrato.

Fue la Asociación de Afectados por los Servicios Públicos de Cartagena (Asepucar), representada a nivel legal por el abogado Manuel Martínez Pastor, la que dio la voz de alarma ante el Ayuntamiento. Este colectivo de ciudadanos sospechó que podría estar ocultándose la entrada regular de dinero a la Justicia, pues «Puerta Nueva alquiló las casas a Good News International 21 SL a un precio fuera del mercado, por lo reducido, y esta sociedad procedió al subarriendo». El resultado, denunció hace unos meses Asepucar, es que esta última empresa estaba «percibiendo unas rentas que oscilan entre los 300 y los 500 euros, según el tipo de vivienda, un precio acorde con el de mercado y cuyo destino final» se ignoraba entonces.

El administrador concursal ha pedido personarse como perjudicado en el Juzgado de Instrucción 1 de Cartagena, en la causa de la Fiscalía (que actuó previó impulso del edil José López en Casco Antiguo) contra Puerta Nueva, por la presunta salida fraudulenta de patrimonio. Además, en el procedimiento mercantil se evaluará si la insolvencia de la promotora obedece a que sus responsables la causaron de forma intencionada, haciendo de la firma una suerte de 'agujero negro' para los acreedores.

En caso afirmativo, el concurso sería declarado culpable y se abriría la posibilidad de exigir a quienes administraban la empresa responder con su patrimonio personal. Para cuánto daría eso es, por ahora, una incógnita.