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«La Administración de Justicia es la más paralizada de todas en España, porque apenas ha demostrado capacidad para teletrabajar. Teníamos un atraso bestial antes ... de esta crisis y, si no se toman cuanto antes las medidas correctas por parte del Ministerio de Justicia, junto a los operadores jurídicos, puede haber un caos. Y el partido judicial de Cartagena es especialmente vulnerable a este riesgo de colapso, porque arrastra desde hace años un déficit específico en número de juzgados y medios humanos y materiales».
Este es el resumen que el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, Antonio Navarro, hizo ayer de la situación de «inquietud» que vive su gremio, ante el alcance que el plan de choque que prepara el Gobierno tendrá en el partido judicial. La entidad que lidera, que cubre varios municipios a través de 700 profesionales, ha contribuido a las propuestas del Consejo General de la Abogacía Española para afrontar el impacto de la epidemia de coronavirus y mejorar este servicio público.
Sobre las reivindicaciones locales, pedirá otra vez el apoyo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región y de otras instancias judiciales, políticas y sociales para que el Ministerio «se mueva». Destacan que se abra «sin más retraso» el octavo juzgado de Primera Instancia y el primero de Lo Mercantil, para lo que el Ayuntamiento ofreció sin éxito el antiguo Hotel Peninsular; y desatascar el proyecto de construcción de la Ciudad de la Justicia, para la que el Consistorio propuso la parcela de la Factoría de la Armada.
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