El TSJ tumba la 'revisión exprés' del Plan General de Cartagena

Nuevo golpe judicial al Ayuntamiento de Cartagena y a la Comunidad Autónoma, a propósito del urbanismo. El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) ha tumbado la revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana (Pgmou) iniciada el pasado verano por el Consistorio, tras la sentencia del propio TSJ y del Tribunal Supremo que anularon, en 2015 y 2016 respectivamente, la normativa aprobada en 2012.

Según fuentes judiciales, el TSJ ha estimado este viernes el incidente de ejecución de sentencia instado por la empresa madrileña Cecop S.A., propietaria de terrenos en la zona de Los Urrutias (junto al Mar Menor), que presentó en octubre el incidente en el que consta como administraciones responsables del Plan el Ayuntamiento y la Consejería de Fomento e Infraestructuras, que tiene las competencias de urbanismo.

La citada empresa recurrió en la vía contencioso-administrativa al entender que el Plan General debe ser reelaborado desde el principio, ante la existencia de numerosos y graves defectos. En su resolución, el TSJ anula el Pleno del Ayuntamiento del 30 de junio de 2016, que puso en marcha la revisión del plan de 2012.

Aunque el Ayuntamiento tiene cinco días para presentar un recurso ante la nueva decisión del TSJ, esta es un varapalo para la 'vía exprés' utilizada por el Ejecutivo municipal, formado por Movimiento Ciudadano y PSOE, que recibió el apoyo de Ciudadanos y del Partido Popular. Este último, además, respaldó la fórmula intermedia de solicitar alegaciones y realizar subsanaciones, para que el municipio tuviera cuanto antes un nuevo plan. Actualmente está en vigor el de 1987, tras haber tumbado el de 2012 el empresario Tomás Olivo, que pleitó a través de Emasa por la modificación del llamado Plan Rambla. Solo Podemos rechazó la 'vía exprés' iniciada por el Gobierno del alcalde y concejal de Urbanismo, José López (de MC).

La nueva anulacion del Plan General puede suponer una lluvia de reclamaciones de indemnizaciones millonarias por parte de titulares de derechos urbanísticos. El auto judicial forzará con casi toda probabilidad a que el Ayuntamiento redacte el Plan General desde el principio.