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J. A. G.
Miércoles, 18 de enero 2017, 01:33
El préstamo del Partido Popular de Cartagena cuyos recibos mensuales fueron cargados al Ayuntamiento por el Grupo Municipal Popular durante 2009 tiene un importe superior a los 179.000 euros. Así lo ha acreditan documentos en poder de 'La Verdad', que accedió al expediente de justificación de gastos de la asignación anual de los populares y de Movimiento Ciudadano (MC), al amparo de la Ley de Transparencia.
Los datos del PSOE correspondientes a ese ejercicio no han sido facilitados por el Consistorio, que asegura no haberlos encontrado en el Archivo Municipal y que ha prometido investigar las causas de este extravío y buscar los papeles.
Los populares, que hace ocho años tenían como secretaria general del partido y alcaldesa a Pilar Barreiro, y como presidente a Francisco Celdrán (quien también era presidente de la Asamblea Regional), siguieron ayer sin aclarar si los cerca de 18.000 endosados al erario son del crédito con Cajamurcia con que compraron la vivienda que les sirve de sede. Esta se ubica en un bloque de la calle Santa Florentina, en el casco histórico de Cartagena.
A través del concejal portavoz Francisco Espejo y del presidente Joaquín Segado, el grupo municipal y el partido respectivamente aseguraron que en la actualidad no se abona ninguna letra de préstamo alguno con los fondos que el Ayuntamiento da al equipo de concejales para sufragar su labor de oposición.
Según su explicación, «el PP tiene una hipoteca del inmueble que ocupa su actual sede y que paga con sus propios recursos económicos, entre los que figuran las cuotas de los afiliados y las aportaciones mensuales de los cargos públicos del PP». Y, además, «con los ingresos propios del partido, hay dinero suficiente para sufragar la hipoteca de la sede».
Aprobado por Intervención
Los populares añadieron «que desde la cuenta del Grupo Popular no se ha realizado ninguna operación de crédito que pueda responder a un préstamo hipotecario, como no puede ser de otra manera, tal y como recoge el artículo 73.3 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local». Sin embargo, por segundo día el PP no aclaró si el crédito de 2009 es el de la hipoteca; y si, primero, el grupo dio el dinero al partido y luego este pagó las letras desde su propia cuenta y dio a su vez recibos al grupo.
La ley prohibe «el pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial».
El PP recordó que «la justificación siempre ha sido aprobada por la Intervención municipal y en la Cuenta General del Ayuntamiento». Eso incluye el 2015, cuando, según los populares, estos metieron por error en la justificación de gastos dos recibos de la hipoteca. El PP mostró, además, su «sorpresa» por el hecho de que el alcalde, José López (de MC), «cuestione el trabajo de la Intervención dependiendo de si los informes le son favorables a sus intereses o no». Tras el dictamen de la Intervención, los servicios jurídicos realizarán un informe que será llevado a la Comisión Informativa de Hacienda y al Pleno. Así lo acordó el Pleno, por unanimidad, en mayo de 2016.
El alcalde dijo que el PP infringió la Ley de Bases de Régimen Local al desviar una subvención de 18.000 euros. «Han estado pagando permanentemente con el dinero de todos los cartageneros la carísima sede». Y apuntó que el PP ha estado justificando directamente con los recibos bancarios esta actuación y «ahora dicen que quieren cambiar por entregas a cuenta del partido y después que el partido lo gaste como quiera». A su juicio, eso es «un engaño».
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