El Ejecutivo silenció en 2016 su visto bueno para pagar 7 millones a Mariano Roca por un acuerdo con Barreiro

La compra del antiguo Hotel Peninsular no es el único desembolso millonario que realizó el año pasado el Ayuntamiento y que tiene como precedente una decisión urbanística tomada por el Consistorio, durante los gobiernos de Pilar Barreiro, del PP. A mediados de 2015, la Junta de Gobierno Local, integrada por lo cinco ediles de Movimiento Ciudadano y los seis del PSOE, autorizaron el pago de unos siete millones de euros al conocido promotor inmobiliario y constructor de Pozo Estrecho Mariano Roca, por una compensación urbanística en el ámbito del plan parcial Playa Paraíso, junto al Mar Menor.

«Si el Tribunal Supremo confirma la nulidad del Plan General de Cartagena, el Ayuntamiento se enfrentaría a reclamaciones millonarias por parte de empresas y particulares que podrían suponerle la quiebra», dijo en julio de 2015 el primer edil, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que tumbó la citada normativa, aprobada por la Comunidad Autónoma en 2012.

Con esas palabras resumió el entonces flamante regidor la amenaza que suponía para las cuentas locales la incertidumbre que planeaba sobre terrenos clasificados como urbanizables, dado que sus dueños podrían exigir indemnizaciones por no poder levantar casas, naves industriales y otras construcciones si el Supremo ratificaba el fallo.

La sombra que planeaba entonces sobre las arcas municipales, y que se hizo realidad en junio de 2016 con la decisión del Supremo de anular el Plan General, estaba más cerca de lo esperado. Como en octubre de 2015 adelantó 'La Verdad', varios promotores habían comunicado al Consistorio su intención de plantear reclamaciones si no se empezaba a buscar «soluciones» ante un posible fallo del TS contra sus intereses. Y este diario reveló que Mariano Roca ya había reclamado siete millones al gobierno.

Aprovechamientos

Aunque no lo citó por las restricciones legales, el alcalde aludió así a Roca para justificar que no podía bajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI): «La semana pasada tuvimos una reunión con un empresario de la construcción en Cartagena y nos trajo deuda del Ayuntamiento con él por valor de más de siete millones de euros, por aprovechamientos urbanísticos, a los que vamos a tener que hacer frente nosotros y que no están contempladas en ningún sitio. Y lo que nos vamos a seguir encontrando va a ser todavía peor», dijo López, quien ayer hizo hincapié en la herencia urbanística del PP.

Ayer, un portavoz del Ejecutivo indicó a 'La Verdad' que, a mediados del año pasado la Junta acordó, con los informes preceptivos, «un calendario» para ir saldando la deuda con Roca.