El Ayuntamiento pedirá al juez que una edil del PP declare por 'Púnica'

Nada más llegar al poder, el nuevo alcalde, José López (de Movimiento Ciudadano), impulsó en 2015 la personación del Ayuntamiento de Cartagena en el 'caso Púnica' como acusación particular para esclarecer las presuntas irregularidades cometidas por los gobiernos del PP, ante la estrecha relación de la exalcaldesa, Pilar Barreiro, y el exalcalde socialista José Antonio Alonso, investigado por seis presuntos delitos y como aparente cabecilla de la trama corrupta.

Tras analizar las declaraciones prestadas en otoño en la Audiencia Nacional por el exjefe de gabinete de la Alcaldía, Francisco Ferreño, acerca de los pagos realizados a una de las empresas de la red por insertar publicidad institucional en diarios digitales, el Ayuntamiento pedirá al juez que cite a declarar a la exconcejal de Turismo y actual edil del PP en la oposición Carolina Palazón. El propósito es que arroje luz sobre la supuesta utilización de esos pagos para encubrir trabajos de mejora de la reputación 'online' de Barreiro.

«La señora Palazón, actuando como concejal, autorizó el pago de unas facturas a empresas de la trama Púnica. Y lo hizo, según declaró en la causa Francisco Ferreño, estando al corriente de la razón de la contratación. Por eso, la Asesoría Jurídica municipal estudia pedir la citación de Carolina Palazón como testigo o, para mayor garantía para su situación personal en la causa, como investigada, para que pueda aclarar qué conocía del objeto de dicha contratación y para que explique la autorización de estas facturas», confirmó ayer a 'La Verdad' un portavoz del Ejecutivo local.

Sobre la base de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de los testimonios prestados por distintos testigos e investigados, el magistrado Eloy Velasco trata de acreditar si el abono de unos 3.000 euros por anuncios sobre la exposición del tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes en el museo Arqua y sobre las fiestas de Carthagineses y Romanos encubría una campaña de lavado de imagen de la regidora.

Velasco, que está a punto de cerrar la instrucción del caso (donde no puede citar a Barreiro porque es senadora y está aforada ante el Tribunal Supremo), considera que hay indicios de que se cometieron los delitos de fraude y malversación de caudales públicos.

El Consistorio encargó, en concreto, la difusión de los anuncios a Madiva Editorial y Publicidad SL., empresa del valenciano Alejandro De Pedro. Tras ser detenido en octubre de 2014, este confesó que se habían hecho trabajos de reputación a Barreiro. Lo declaró así: «Fue el jefe de gabinete (Ferreño) quien se puso en contacto conmigo para que se realizaran servicios de reputación de la alcaldesa. Durante meses se facturaron esos trabajos al Ayuntamiento en concepto de publicidad».