El TSJ insiste en que unir los juzgados de violencia contra la mujer mejoraría el servicio

La oposición de los cinco grupos políticos del Ayuntamiento de Cartagena (MC, PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos), del Colegio de Abogados, de la Fiscalía y del juez que se vería afectado por la medida en el municipio no hace, por ahora, mella en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia y en la institución a la que este pertenece: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ambas entidades mantienen la propuesta de que el Ministerio de Justicia integre el juzgado de violencia contra la mujer de San Javier en el de Cartagena.

Este proceso de «comarcalización», como ha sido denominado, plantea a juicio del TSJ numerosos y relevantes beneficios tanto para la Administración de Justicia como para los operadores que tienen relación con ella y, en especial, para los destinatarios últimos de sus servicios: los ciudadanos.

A través de un portavoz, el órgano jurisdiccional que tiene como presidente en la Región a Miguel Pascual del Riquelme recordó ayer a 'La Verdad' que la puesta en marcha del Juzgado Comarcal Exclusivo de Violencia Sobre la Mujer, con sede en Cartagena, fue una idea lanzada hace más de cinco años por la Sala de Gobierno del TSJ. «Así se ha reflejado en las sucesivas memorias judiciales anuales y en un acuerdo de enero pasado elevado al Poder Judicial mediante una ponencia del presidente», indicaron en el Tribunal Superior.

El órgano de gobierno de los juzgados y tribunales de la Región es asegura que el cambio supondría «una mejor atención al ciudadano», fruto de «una reorganización de recursos» y la activación de servicios especializados. Entre estos, el TSJ hizo hincapié en que habría «todo un equipo experto en malos tratos, incluida una Unidad de Valoración Forense Integral (UFVI)».

Carga de trabajo

La necesidad de optimizar los recursos parte, según el TSJ, de que según los parámetros estadísticos utilizados por sus responsables el volumen de trabajo de los juzgados de primera instancia e instrucción de San Javier y de Molina, donde un juzgado mixto asume la competencia de violencia machista, es bajo.

En el Tribunal Superior indicaron que la propuesta formulada desde la Región de Murcia recibió el visto bueno del Poder Judicial y que se en marca dentro de un plan del Ministerio para la comarcalización de todos los juzgados de violencia machista a nivel nacional.

Además, subrayaron en el Tribunal Superior, la idea no se restringe solo a la comarca de Cartagena, sino que también está en estudio crear un juzgado similar en Lorca, «con ámbito de actuación en los partidos judiciales de Lorca, Caravaca y Totana»; y, «sin necesidad de crear un nuevo órgano judicial, comarcalizar los juzgados exclusivos de Murcia [que asumiría la zona de Molina de Segura] y Cartagena».

Los partidos y colectivos que se oponen a la «comarcalización» afirman, entre otras cosas, que habrá un perjuicio para las víctimas por la necesidad de hacer viajes de hasta cien kilómetros (ida y vuelta) hasta Cartagena; que puede haber un freno para la interposición de denuncias; que aumentarán los gastos y la movilización de personal por parte de la Policía y la Guardia Civil, por el traslado de detenidos.

Además, esgrimen que el juzgado de Cartagena puede verse saturado por los casos llegados desde los municipios de la zona del Mar Menor (San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares) y desde Torre Pacheco.