Carpetazo a la querella de López contra Barreiro por el interventor

Un carpetazo definitivo. Eso es lo que ha dado la Audiencia Provincial a la querella que interpuso el actual alcalde, José López, en 2014 contra la Junta de Gobierno Local por descartar el nombramiento de Fernando Urruticoechea como interventor general del Ayuntamiento. El tribunal ha rechazado los recursos del primer edil, de Movimiento Ciudadano (MC), y del funcionario (que se personó como acusación particular en 2015), contra el archivo decretado en diciembre pasado por el Juzgado de Instrucción 1 de Cartagena. Éste concluyó que el equipo de la alcaldesa, Pilar Barreiro, adoptó una decisión fundada y no arbitraria. No vio, así, delito de prevaricación administrativa.

«Difícilmente un órgano colegiado puede incurrir en un delito de prevaricación administrativa (aunque no se excluye) ]...] y dar como resultado una resolución arbitraria e injusta a propósito. Otra cosa es que la misma contravenga las disposiciones legales y reglamentarias», expuso en un auto el 13 de septiembre la sección quinta de la Audiencia, en Cartagena. Y recordó que lo complica «tanto la propia redacción» del Código Penal en singular como que la Junta tiene nueve miembros y los asuntos son debatidos.

Si excluir a Urruticoecha fue o no correcto «en el ámbito administrativo» es «algo pendiente de resolver», dice el tribunal. En realidad, el Tribunal Superior de Justicia ya archivó un recurso del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros. El TSJ no entró en el fondo del asunto, al desestimar el recurso por cuestión de forma.

Lo que para la Audiencia está claro es que, en el terreno penal, la resolución del gobierno «no se puede tildar de caprichosa o arbitraria, sino de fundada». Lo fue porque, sobre la base de un informe técnico, los ediles consideraron «que había motivos racionales, con bases en la interpretación de la norma, para denegar la plaza al funcionario solicitante por falta de idoneidad».

La plaza sigue desierta

Un informe del jefe de Recursos Humanos sobre el candidato, único aspirante y que cumplía las bases, señaló que el Ayuntamiento de Castro Urdiales (Cantabria) le atribuía en parte su «caos financiero». Eso quebró la «confianza» de la Junta, que afirmó tener margen de discrecionalidad para dejar la plaza desierta.

Un portavoz de MC dijo que esta formación acepta la resolución judicial, pero que «lamenta que una actuación arbitraria haya quedado confirmada por la inactividad del propio interesado, al no interponer él un recurso, como vienen a confirmar las distintas resoluciones». Y un portavoz del Gobierno local (MC y PSOE), dijo que «aunque las bases de la última convocatoria ya explicitaban que no podían quedar desiertas, nadie se presentó».