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E. R. K.
Martes, 12 de abril 2016, 02:01
Dos millones de euros adicionales de ingresos le servirán al Ayuntamiento para aumentar todavía más la amortización de la deuda y acariciar la posibilidad de deshacerse en uno o dos años del apretado corsé que para sus inversiones supone el plan de ajuste con supervisión del Ministerio de Hacienda. Esa inyección de fondos procede del cumplimiento de una sentencia del TSJ en la vía contenciosa, que le da la razón frente a Initec, empresa constructora que hizo en Escombreras la central de ciclo combinado de AES Corporation (actual Gaz de France) por unos impuestos no liquidados hace más de diez años.
La implantación del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO), en cumplimiento de una normativa de rango estatal, afectó hace una década a varias grandes empresas que instalaban por entonces sus centrales de ciclo combinado en Escombreras para remediar el déficit de producción de energía que existía entonces en España. Era la época del crecimiento económico a toda máquina y se esperaba un aumento mayor del consumo con la expansión urbanística prevista en el litoral de la Región, desde Marina de Cope hasta Novo Carthago. Sin embargo, ni Iberdrola ni AES Corporation ni Gas Natural cumplieron con el pago de este impuesto y decidieron recurrir ante los tribunales.
Las centrales de ciclo combinado no han acabado de cuajar como grandes suministradores de energía, entre otras cosas porque la crisis inmobiliaria rebajó las expectativas de crecimiento. AES Corporation se deshizo hace tiempo de la factoría que ahora administra Gaz de France.
Treinta, en atrasos
La Justicia ha sido lenta pero le ha dado la razón al Ayuntamiento, ya durante los últimos años de la etapa de Pilar Barreiro como alcaldesa. Desde 2012 las sucesivas sentencias le han proporcionado al Ayuntamiento derechos de cobro por valor de 30 millones de euros por este impuesto de construcciones. Gas Natural tuvo que pagar 13,7 millones de euros en 2012. A Iberdrola, los tribunales le obligaron a desembolsar ocho, en 2013. La sentencia de AES llegó del TSJ en julio del año pasado.
El pellizco que llegará ahora a las arcas municipales corresponde a los intereses de la deuda, según confirmó la concejal de Hacienda, Isabel García. El Ayuntamiento pasa ahora por una situación de solvencia económica avalada por los 19 millones de euros de superávit contable de 2015, de los que doce figuran como fondos contantes y sonantes en tesorería. Esa situación ha permitido prescindir, por segundo año consecutivo, de la póliza que había que suscribir todos los años para pagar los gastos corrientes en los primeros tres meses de cada año.
La deuda municipal era de 167 millones de euros a 31 de diciembre del año pasado. Con la acumulación de pagos previstos, el superávit y este último ingreso, podría quedar en alrededor de 130, es decir un 65% del presupuesto total de un año y por debajo de los ingresos corrientes de una anualidad.
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