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J. A. G. / E. R. K.
Martes, 9 de febrero 2016, 02:15
La Agencia Tributaria ultima la resolución en la que determinará si la presunta infracción del Ayuntamiento de Cartagena por el impago de unos 2 millones de euros de IVA por la compra del edificio San Miguel ha prescrito o si la institución municipal debe abonar los atrasos y pagar una multa.
Si ya ha pasado el plazo previsto en la ley para castigar al infractor, en este caso el Consistorio por una decisión adoptada en la etapa de gobierno del Partido Popular, con Pilar Barreiro en la Alcaldía, desaparecerá una de las amenazas que se ciernen sobre la Sociedad Casco Antiguo. Ésta compró el inmueble que acoge en la actualidad la sede administrativa del Ayuntamiento.
Asimismo, se despejarán las dudas sobre el cumplimiento del plan de saneamiento para el periodo 2012-2022 impuesto por el Ministerio de Hacienda, porque no habría ninguna sobrecarga en la deuda.
El Gobierno local dijo ayer que seguía pendiente del resultado de la inspección fiscal iniciada a mediados de 2015. A juicio del alcalde, José López (de Movimiento Ciudadano), dijo ayer que la posible prescripción «no afectaría a la evidencia de que se incumplieron las obligaciones tributarias por pare de los anteriores gestores». No obstante, añadió, sería «un alivio para las maltrechas cuentas municipales, ya que no habría que abonar la cantidad que se dejó de pagar en su día», y se podría aprobar la Cuenta General de 2014.
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