López ve más motivos para llevar a la Fiscalía el contrato de El Batel

Son dos «nuevas muestras de que el contrato es leonino para los ciudadanos», y refuerzan su idea de solicitar a la Fiscalía que estudie el documento por si miembros de los gobiernos municipales anteriores, del PP, o funcionarios cometieron alguna irregularidad. Éstas son las dos principales conclusiones a las que ha llegado el alcalde de Cartagena, José López, a la vista de una nueva sentencia judicial y un informe del Tribunal de Cuentas relativos al contrato de gestión y de explotación del Auditorio y Palacio de Congresos El Batel.

«Hay que estudiar con verdadero detenimiento llevar el contrato a la Fiscalía. Porque entregar un edificio, mantenerlo y encima pagar un par de millones de euros al afortunado, al que se le da además un contrato de quince años, más parece pagarle la jubilación que poner en marcha un servicio público», comentó ayer un portavoz de la Alcaldía.

Se refirió, con ello, a que el Juzgado de Lo Contencioso Administrativo 1 de Cartagena ha confirmado que el contrato establece una ayuda fija a la concesionaria, y no una subvención que obligue a la concesionaria justificar una serie de gastos; y ha ordenado al Consistorio que abone, de forma cautelar, a la UTE en torno a medio millón de euros por la liquidación del séptimo semestre [un millón menos 500.000 euros que afronta la empresa por el alquiler del edificio]. La decisión final sobre las obligaciones del contrato está en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Respecto al Tribunal de Cuentas, éste ha criticado que en 2011 se hizo un contrato administrativo especial y no uno de servicios, que habría supuesto una limitación de la duración y mayor publicidad al licitarlo. En todo caso, el Tribunal ha descartado que la aplicación del contrato haya causado un daño a las arcas municipales.

Satisfacción de la UTE

Respecto al primer aspecto, el alcalde criticó que «el PP lo celebra manteniendo en sus listas a Pilar Barreiro [la exalcaldesa aspira al Senado], responsable del expolio a las cuentas que supone que estemos cerca de los 200 millones de euros de deuda y con un caos organizativo y estructural del que solo se salvan los empresarios agraciados por su célebre dedo».

Fuentes de la UTE de El Batel expresaron su satisfacción por la tercera sentencia de medidas provisionales a su favor y por el criterio del Tribunal de Cuentas.