El gerente defiende sus «gastos de representación», entre los que figuran chuletones de buey, solomillos y quisquilla

«En las facturas emitidas por desplazamientos y alojamientos, debería indicarse qué personal de la UTE se ha desplazado y el servicio que ha realizado». Ésta frase se repite en varias ocasiones en los dos informes sobre la gestión económica del Auditorio y Centro de Congresos El Batel en los primeros cinco semestres realizados por el exinterventor municipal de Cartagena Juan Ángel Ferrer.

«¿Dónde va y quién?», se lee también junto a un listado de gastos en gasóleo incluido en el expediente sobre la gestión de la Unión Temporal de Empresas Gestípolis-Sonora. Éste está siendo revisado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia dentro del pleito por el bloqueo de la ayuda municipal a la concesionaria en los semestres quinto, sexto y séptimo: es decir, desde noviembre de 2013 hasta mayo de 2015.

Un portavoz de la UTE Gestípolis-Sonora destacó que los informes de la Intervención municipal fueron debidamente contestados con alegaciones por la concesionaria y analizados por los tribunales, que ordenaron como medida cautelar el pago de la quinta certificación.

Asimismo, indicó que la empresa confía en que el TSJ le dé la razón de forma definitiva en que el contrato estipula una ayuda regulada como precio fijo y no como subvención, si bien en aras de la transparencia y en respuesta a las peticiones municipales de información, la UTE detalló todos los gastos desde que tomó las riendas del auditorio.

Gestípolis-Sonora instó al Gobierno municipal y en concreto al alcalde, José López, a «sentarse para resolver las diferencias, respecto a la aplicación del contrato», si bien indicaron que la UTE cumple con sus obligaciones. No obstante aseguraron que el bloqueo de las ayudas está generando «inquietud» en los potenciales organizadores de congresos y que también afecta negativamente a la actividad general del Auditorio.

Entre las facturas y justificantes de gastos hay papeles en los que no se menciona una actividad concreta de El Batel, aunque sí un nombre: el de su gerente, el cartagenero Pedro Pablo Hernández.

El empresario de referencia en el Auditorio, que lleva también las riendas de Gestípolis y fue reelegido el pasado jueves como presidente de la patronal COEC para los próximos cuatro años, cargó al Ayuntamiento gastos en algunos casos abultados y en otros llamativos en tiempos de restricciones económicas.

En época de recortes

Un Consistorio sometido por el Ministerio de Hacienda a un plan de ajuste a diez años como el de Cartagena recibió de Hernández (cuya nómina mensual es de unos 2.500 euros netos) papeles que acreditan el suministro de gasóleo al coche y comidas en restaurantes que incluyen chuletones de buey, solomillos de ternera y quisquilla.

A veces haciendo constar en el recibo el nombre de la UTE y en otras no, Hernández incluyó en la descripción de gasto de El Batel, por ejemplo, abonos de 100 euros en gasolineras y dos noches de hotel en Madrid por 212 euros. Pero llegó el Tribunal de Cuentas y los funcionarios municipales pusieron la lupa en cada factura, ahora en manos judiciales.

Según fuentes del anterior gobierno municipal y de los servicios técnicos del Ayuntamiento la inclusión de esos gastos, considerados «dudosos» respecto al objeto del contrato, fue uno de los motivos por el que el Consistorio ordenó bloquear el pago del sexto semestre, luego desbloqueado de manera cautelar por la Justicia.

Desde la UTE defendieron que se trata de «gastos de representación» absolutamente legales y acordes en su cuantía a las inversiones necesarias para gestionar una infraestructura cultural de la «calidad» de El Batel.