Una comisión investigará si Casco Antiguo ocultó un presunto fraude fiscal desde 2011

El Pleno del Ayuntamiento aprobó ayer por unanimidad la creación de una comisión que investigará si el desfase de dos millones de euros detectado en las cuentas de la Sociedad Municipal Casco Antiguo es fruto de un «impago fraudulento del IVA» en la compra del edificio administrativo de la calle San Miguel, como afirmó ayer el alcalde, José López, que quiere que su predecesora, Pilar Barreiro, encabece la lista de comparecientes. El viernes pasado, el nuevo Gobierno municipal dio a conocer el resultado de una auditoría encargada a una empresa privada que revela un 'agujero' contable creado por una supuesta mala gestión entre 2011 y 2015. Eso no evitó que intentara sacar adelante el presupuesto consolidado del pasado año. El PP, Ciudadanos y Podemos rechazaron esa pretensión hasta que se aclare qué es lo que ha originado ese desfase.

El rechazo de las cuentas de Casco Antiguo pilló por sorpresa a MC y al PSOE e impidió la aprobación de la cuenta general de 2014. El plan de ajuste en vigor desde 2012 obliga a remitir al Ministerio de Hacienda esos resultados antes de finales de septiembre. Sin embargo, en Alcaldía no esperan a corto plazo represalias ni bloqueos en los gastos programados, según informó un portavoz. El Ejecutivo local enviará un informe con los balances sin aprobar y una explicación de lo que ha pasado. Además, sus miembros intentarán convencer al menos a uno de los partidos de la oposición para que acceda a dar el visto bueno a las cuentas, en un pleno previsto para dentro de diez días, con el compromiso de que se solucionarán las salvedades y la garantía de que la comisión de investigación llegará hasta el final.

El rechazo a las cuentas tuvo lugar en una reunión del pleno municipal, constituido en junta de accionistas de Casco Antiguo, a las diez de la mañana, en el Palacio Consistorial y a puerta cerrada. En esta sesión urgente que retrasó la sesión ordinaria se analizó la auditoría encargada por el Gobierno local hace tres meses y que revela el cambio de criterio en los pagos que el Ayuntamiento hizo a Casco Antiguo a partir de 2011 para quedarse con el edificio administrativo.

La sociedad municipal pidió créditos en 2003 para comprar el antiguo colegio religioso San Miguel, que costó alrededor de seis millones, y reformarlo. En 2006, el Ayuntamiento comenzó a transferir cantidades millonarias a Casco Antiguo para cubrir esa compra. Sin embargo, en 2011 cambió la denominación de 'pago', que acarrea el abono de impuestos, por el de 'subvención', con lo que se ahorró una media de 400.000 euros anuales en cinco ejercicios. Esa modificación, detectada por la auditoría, es interpretada por el Gobierno municipal como algo irregular. «Si era una subvención, tendrían que haberla justificado, y si era la compra del colegio, no se pagaron los impuestos y se pudo incurrir en delito fiscal. Además, se hizo contra factura, sin ningún documento o escritura de propiedad del edificio de San Miguel, a favor del Ayuntamiento», aseguró un portavoz de Alcaldía. «En cualquiera de los dos casos, se hizo mal», añadió. Esa falta de papeles para acreditar que el edificio pertenece al Ayuntamiento se extiende, según el Gobierno municipal, a otros como el Palacio de Molina y la sede de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) en la calle Serreta, que están registrados a nombre de Casco Antiguo, aunque los usan varios servicios municipales.

Pese a todo, el equipo de gobierno forzó ayer la aprobación «porque la interventora cree que son fallos subsanables», aseguró el alcalde. López garantizó el pago de esos impuestos no abonados. «Los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones fiscales han de tener la seguridad de que su Ayuntamiento también lo hace».

«No asumimos las cuentas»

La sorpresa fue que el Partido Popular rechazó las cuentas que aprobó a finales de 2013. El portavoz municipal, Francisco Espejo, justificó su negativa «porque el Gobierno local ha tenido tiempo de sobra para informar de esos desfases, en lugar de salir el pasado viernes hablando de 'agujeros' que no son tales, según la interventora», explicó. En cuanto al fondo, «no apoyamos la aprobación de unas cuentas que suscitan dudas que se interpretan en contra de la honorabilidad y la buena gestión de la Corporación anterior. Además, todo se hizo con el informe favorable de la Asesoría Jurídica y de la Intervención municipal», añadió.

Podemos y Ciudadanos fueron los que, con sus seis concejales, tres por grupo, acabaron de desnivelar la balanza. «En el presupuesto hay dudas de órdago que no pueden ser pasadas por alto si se pretende actuar con claridad y transparencia», aseguró el concejal morado, Francisco Martínez Muñoz. «No se trata de poner palos en las ruedas de Casco Antiguo, si es una sociedad viable, pero es necesario saber cuáles son exactamente las consecuencias que revela la auditoría», apuntó el portavoz de la formación naranja, Manuel Padín.

La exalcaldesa puede no ir

La comisión de investigación no limitará sus pesquisas a las cuentas de Casco Antiguo, si el alcalde, José López, cumple lo que dijo ayer. Quiere que en ella se analicen «otros desfases» como el de tres millones de euros, causado por las plusvalías impagadas por la promotora del Barrio Universitario durante varios años.

Sin embargo, el primer edil tendrá difícil forzar la comparecencia de su antecesora, Pilar Barreiro. La normativa municipal indica que solo están obligados a acudir los concejales y los funcionarios municipales en ejercicio.