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El Ayuntamiento rescinde un acuerdo de ayuda a mujeres al hallar anomalías

Un informe jurídico revela presuntas irregularidades en la utilización de una subvención regional para una asociación que presidía una edil del PP

José Alberto González

Martes, 11 de agosto 2015, 01:06

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Cartagena han destapado presuntas irregularidades en el uso, por parte de la propia institución, de una subvención de 45.000 euros otorgada por la Comunidad Autónoma para impulsar proyectos en colaboración con un colectivo de mujeres presidido, hasta la pasada primavera, por la actual concejal del Partido Popular María Teodora Guillén.

Las supuestas anomalías observadas por los abogados del Consistorio llevaron ayer a la Junta de Gobierno Local a aprobar la rescisión del convenio firmado en octubre de 2013 por el Ayuntamiento, a través de la entonces alcaldesa Pilar Barreiro, y la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Cartagena y Comarca (Amepcc), representada por Guillén.

Según explicó el alcalde y presidente de la Junta, José López, al término de la reunión el citado informe pone de manifiesto el incumplimiento de la obligación de contratar a técnicos para el proyecto que se quería impulsar en el Vivero municipal de mujeres, situado junto al centro comercial Mandarache.

Según explicó el regidor, se decididó adscribir al proyecto a un empleado municipal, por lo que es posible que el Ayuntamiento tenga ahora que devolver la ayuda a la Administración regional.

Asimismo, el Gobierno local (integrado por ediles de Movimiento Ciudadano y del PSOE) tiene dudas en cuanto a si el vivero ha sido usado para el fin adecuado, es decir como apoyo a las mujeres emprendedoras en la creación de negocios. De igual manera, el Ejecutivo se plantea la posibilidad de utilizar esta instalación para el apoyo a los emprendedores en general, tanto mujeres como hombres.

Desde el Gobierno municipal indicaron que el convenio con Amepcc incluía la posibilidad de dar por acabado el acuerdo al cabo de dos años, con dos meses de preaviso.

«No tiene razón de ser»

María Teodora Guillén mostró su «sorpresa» por la decisión del Gobierno y defendió la legalidad de todas las actividades desarrolladas por el colectivo al frente del que estuvo hasta su entrada en la corporación municipal.

«La asociación no ha actuado de ninguna manera irregular. Firmarmos el convenio para apoyar a las mujeres a montar empresas, a formarse por medio de cursos y a dar difusión a sus negocios, entre otros objetivos, y a eso es a lo que nos dedicamos en el vivero, siempre cumpliendo la legalidad», comentó Guillén a 'La Verdad'.

La edil cargó contra el Gobierno local por adoptar una medida «que es para echarse las manos a la cabeza, porque no tiene razón de ser». Y añadió: «Me gustaría pensar que detrás no hay ninguna motivación política por mi actual condición de concejal del PP, porque sería gravísimo».

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