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José Alberto González
Miércoles, 15 de julio 2015, 11:54
«Segunda mano: Suelo urbanizable sectorizado Cartagena. P. P. (Plan Parcial) Sector S01-Novo Carthago. Parcelas de suelo urbanizable sectorizado situadas en Cartagena. Cuentan con superficies desde 10.000 metros cuadrados. Edificabilidad: número de plantas, 3. Uso principal: Residencial. Precio compra: Precio a consultar». Así anuncia Solvia, la inmobiliaria de Banco Sabadell (antes SabadellCAM), a través de su página web que ha puesto en venta tres parcelas que ocupan en total cuatro hectáreas en el paraje de San Ginés de la Jara, donde la promotora alicantina Hansa Urbana impulsa desde hace doce años el megaproyecto urbanístico Novo Carthago.
A esa oferta, que por sí sola arroja dudas sobre la viabilidad económica del plan de construcción de 10.000 viviendas y dos hoteles junto al Mar Menor, se suma que otra entidad financiera ha busacado salir del mayor plan de desarrollo residencial y turístico apoyado por los gobiernos regionales y locales del PP desde 2003. Se trata de Banco Santander, que según documentación a la que accedido 'La Verdad' impulsó en febrero y mayo una primera subasta judicial de dos fincas, cuya superficie total es de 11,2 hectáreas, por 30,3 millones de euros. No se cerró la venta.
En el caso de los terrenos que ahora vende la inmobiliaria del Sabadell, formaban parte del paquete de parcelas que Hansa reunió tras diferentes compras con financiación de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), nacionalizada por el Banco de España debido a sus deudas y luego comprada por el Sabadell. Para construir Novo Carthago, Hansa recibió al menos 85 millones de euros en préstamos de la CAM, que llegó a tener el 60% de sus acciones (Sabadell tiene ahora el 26%) y en cuyos órganos de representación había políticos murcianos.
Los graves problemas económicos de Hansa, que en la Región planteó también con dinero de la CAM la edificación de 7.700 casas en Puntas de Calnegre (Lorca) y de 2.500 en el Puerto de Mazarrón, han desembocado también en la subasta de varios terrenos de Novo Carthago por parte del Santander.
La causa penal continúa
Aunque la tramitación administrativa del proyecto continúa en el Ayuntamiento, la venta del suelo añade dudas sobre un proyecto cuya inversión total asciende a mil millones de euros, si se tiene en cuenta los 600 millones de coste de la infraestructura construida por la Comunidad para garantizar el suministro de agua a la urbanización: la desaladora de Escombreras.
Además, según fuentes judiciales los posibles compradores de suelo pueden exponerse a que éste sea declarado no urbanizable, si la causa penal abierta por presuntas irregularidades en la tramitación del plan (por autorizar la urbanización de suelos protegidos)_acaba con la anulación de la recalificación de terrenos que impulsó Hansa.
En la causa penal están imputados por diversos delitos, entre ellos prevaricación administrativa, varios funcionarios y políticos municipales y autonómicos. Destacan el exconsejero de Agricultura y Agua Antonio Cerdá, el exconsejero de Medio Ambiente Francisco Marqués y el exconsejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana. También lo está el presidente de Hansa, Rafael Galea, y se investiga el papel del expresidente regional y actual vicepresidente del Parlamento Europeo Ramón Luis Valcárcel.
La organización ecologista ANSE, que en 2006 denunció el caso en la Fiscalía de la Región, volvió a calificar ayer a Valcárcel como el «máximo responsable de una catástrofe económica de mil millones de euros».
Dimisión de Valcárcel
«El gran proyecto de desarrollo económico anunciado por diferentes gobiernos del PP termina convertido en otra gran estafa, para beneficio de comisionistas y desgracia de accionistas bancarios y de la Administración autonómica, que tendrá que pagar la inversión multimillonaria de la desaladora de Escombreras, construida para garantizar el abastecimiento de agua al complejo», denunció ayer el director de ANSE, Pedro García.
Para éste, no hay duda de que las ventas del Sabadell y del Santander «son el anuncio de la caída definitiva del Novo Carthago, uno de los mayores disparates urbanísticos y económicos amparados por los responsables políticos de la Región».
García recordó que su colectivo ha venido denunciando esta recalificación, al igual que la de Lo Poyo, por que «conllevaría una grave impacto ambiental y paisajístico en la zona sur del Mar Menor».
Además, exigió la apertura inmediata de una Comisión de Investigación en la Asamblea Regional sobre Novo Carthago y sobre la desaladora, «que fue construida para evitar los informes negativos de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre la falta de agua»; que la Comunidad «rescinda el contrato con la desaladora y remita a la Justicia toda la documentación sobre los contratos con Hydro Management, empresa de Florentino Pérez»; y que Valcárcel dimita y entregue el acta de eurodiputado.
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