La UCO se lleva del Ayuntamiento facturas de 'Púnica' e interroga a un asesor de Barreiro

Todo apuntaba a que era una simple cuestión de tiempo. Y el momento llegó ayer, ocho meses después de la detención del exalcalde socialista José Antonio Alonso y a los siete de conocerse los primeros vínculos entre la institución municipal y la presunta trama nacional de corrupción por la que el antiguo regidor (1991-1995) está imputado por seis presuntos delitos: el caso 'Púnica'. Pasaban apenas unos minutos de las nueve de la mañana cuando, con la discreción que les daba el ir vestidos de paisano pero todo el poder que les confería el llevar en el bolsillo sus respectivas placas de funcionarios policiales y una orden judicial, dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentaron en el edificio administrativo del Ayuntamiento de Cartagena y preguntaron a los policías locales encargados de custodiar el inmueble por la ubicación de la Secretaría General.

De inmediato subieron a la segunda planta de la sede, situada en la calle San Miguel, y preguntaron por el despacho del secretario. Y aunque un empleado de la Concejalía de Hacienda y Personal les aclaró que esas funciones las ejerce en realidad una mujer, Inés Castillo, el dato no trastocó los planes. Su objetivo era muy claro: llevarse las facturas originales correspondientes al contrato a dedo adjudicado en 2014 por el Consistorio a la mercantil Madiva Editorial y Publicidad SL, para la difusión en una red nacional de diarios digitales casi desconocidos en el sector de una campaña publicitaria sobre el 25 aniversario de las fiestas de Carthagineses y Romanos y sobre la exposición del tesoro de la fragata 'Nuestra Señora de las Mercedes' en el museo Arqua. Madiva es una empresa propiedad del experto informático valenciano Alejandro De Pedro, uno de los presuntos cabecillas del caso que investiga la Audiencia Nacional y hombre de negocios ligado al exalcalde y actual empresario Alonso.

Como Inés Castillo tenía que estar a las 9.45 horas en el Palacio Consistorial (a pocas calles de San Miguel) para levantar acta como secretaria general de la última Junta de Gobierno Local y del Pleno de disolución de la corporación, y al ser los recibos una competencia del departamento de Intervención General, se quedó con los agentes el responsable de esta última área, Juan Ángel Ferrer.

Además del interventor, que facilitó a los agentes la documentación requerida por éstos, según confirmaron a 'La Verdad' fuentes del caso, también tuvo que personarse como testigo y responsable del servicio que dio el visto bueno al contrato Francisco Ferreño. Se trata del jefe de gabinete de la Alcaldía, hombre de confianza durante veinte años de la alcaldesa en funciones y diputada nacional del PP, Pilar Barreiro. Ésta no acudió ayer ni a la Junta ni al Pleno, que debía presidir. Estaba en Madrid, en el Congreso.

Sí estuvo en las dos sesiones municipales la concejal que aceptó la oferta en una práctica legal aunque desaconsejada por el interventor (que sin embargo autorizó los pagos), por no recabar presupuestos de al menos tres empresas: Carolina Palazón, responsable de Turismo en funciones.

Urbanismo bajo sospecha

Ante los agentes, que levantaron acta de una intervención que duró cerca de tres horas, Francisco Ferreño, periodista que ocupa un cargo de confianza como asesor del Gobierno cesante, y el interventor dieron fe de la autenticidad de las cuatro facturas a nombre de Madiva despositadas en el archivo del servicio de Tesorería. Tres de ellas recogen un importe similar, 968 cada una, y una cuarta fue expedida por una cuantía de unos 1.900 euros, si bien el Ayuntamiento aseguró ayer que solo abonó las tres primeras y que paralizó el abono de la última.

Se trata de un doble cambio de versión respecto a lo que ha venido sosteniendo ante los periodistas y ante el Pleno municipal. Hasta ayer, lo afirmado por el Ejecutivo local es que solo se pagó una de las facturas de menor importe y que todas ellas recogían la misma cantidad. En realidad, la administración local comprometió un 25% más de dinero público del reconocido hasta la irrupción de la Benemérita. En cuanto a los motivos del pago de tres facturas, y no solo de una como se dijo al principio, Palazón aseguró que Madiva hizo una reclamación y que el Ayuntamiento la atendió al considerar que el servicio fue prestado.

Ya por la tarde, Ferreño fue interrogado como testigo en el cuartel del Instituto Armado en Cartagena acerca de Madiva. Este diario trató de recabar la versión de Ferreño, pero éste no respondió. Según fuentes del caso, a raíz de 'pinchazos' telefónicos y testimonios la UCO indaga también en asuntos urbanísticos.

Además de la importancia que Madiva puede tener para acreditar si hay tráfico de influencias (el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ve a Alonso presunto «cabeza de un entramado» de amiguismos), los investigadores buscan indicios y pruebas de malversación de caudales públicos.

Ésta habría consistido en destinar fondos del erario de los cartageneros a mejorar la imagen de políticos, a través de una red de diarios 'zombies' diseñados para 'esconder' en buscadores de internet noticias negativas sobre la gestión de esas autoridades y 'posicionar' bien las positivas.

En Cartagena, según las fuentes consultadas, se investiga si la contratación de publicidad institucional habría sido concebida como una forma de dar apariencia de legalidad al verdadero objetivo: mejorar la reputación 'online' del equipo de gobierno liderado por Barreiro.

El exconcejal Saura, en medio

Dentro de las pesquisas de la segunda fase de 'Púnica', que ayer se saldó también con la detención del alcalde de Moraleja de Enmedio (Madrid) y anteayer con el registro de varios ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y de Madrid, respecto al Consistorio de Cartagena los investigadores manejan tres indicios clave. Uno es la estrecha relación entre Alonso y Barreiro, que salió a relucir en un interrogatorio del juez Velasco a la secretaria de él, Esther Gutiérrez, a propósito del hallazgo de una tarjeta de telepeaje de la diputada entre las pertenencias del exalcalde cuando éste fue detenido en octubre.

El segundo aspecto esencial es que una de las sesenta webs donde se insertaron varios meses los anuncios recogía noticias generadas por el Ayuntamiento y, en el resto, los anuncios llevaban a la página web municipal. La tercera cuestión se refiere a que De Pedro ofertó a través de otra de sus empresas, EICO Online, a Barreiro campañas de mejora de su imagen en internet. La regidora aseguró en mayo que rechazó las propuestas (la primera fue en 2010) al verlas innecesarias e inconvenientes.

Se da la circunstancia de que EICO hizo ofertas similares en septiembre pasado al consejero de Educación y Cultura, y actual aspirante del PP a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, y al entonces consejero de Industria y Turismo, Juan Carlos Ruiz. Ambos dicen que desestimaron la idea. En el caso del primero una empleada de EICO, María José Gutiérrez, declaró al juez como testigo que tenía previsto desarrollar el proyecto pero que las detenciones lo impidieron.

Asimismo, los cartageneros Juan Carlos Ruiz y José Fidel Saura, exjefe de gabinete del consejero y exedil de Urbanismo y de Turismo con Barreiro, dimitieron de sus cargos regionales tras ser imputados por el presunto amaño de un contrato de 24.000 euros con EICO por parte de la Comunidad. La idea era promocionar la Región entre los británicos a través de las webs 'zombies', conocidas así por la gestión automática de contenidos con fines dudosamente informativos.