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Ricardo Fernández
Martes, 14 de abril 2015, 12:21
La fiscal del Tribunal Supremo Illana Navia-Osorio acaba de solicitar el sobreseimiento provisional de los cargos de prevaricación existentes contra la alcaldesa de Cartagena y diputada nacional, Pilar Barreiro, por el 'caso Novo Carthago' de supuesta corrupción urbanística. Justifica su petición la representante del Ministerio Fiscal en que no ha quedado acreditado, al menos por el momento, que la vulneración de la legalidad en la tramitación de un gran proyecto urbanístico junto al Mar Menor fuera, en lo que se refiere a la actuación de Pilar Barreiro, fuera "patente, grosera, evidente, flagrante y clamorosa", como debe ocurrir para que se tenga por cometido el delito de prevaricación.
Así, señala la fiscal que en este asunto existe constancia de que el Ayuntamiento de Cartagena requirió informes a la Consejería de Medio Ambiente y que los técnicos municipales no advirtieron de posibles ilegalidades en la recalificación de esos terrenos protegidos, sobre los que se iba a construir la urbanización Novo Carthago.
Pese a ello, la representante del Ministerio Público estima que el sobreseimiento solo puede ser provisional, pues la causa sigue siendo investigada en los juzgados de Murcia y ello podría hacer que se desvelaran nuevos datos, bien que pudieran beneficiar a la política del PP o bien que pudieran reavivar las sospechar de prevaricación.
Barreiro consideró esta noticia "un paso más en la demostración" de su inocencia. La alcaldesa apuntó que no ha leído el texto de la Fiscalía en su integridad, por lo que no que quiso hacer interpretaciones, pero se mostró "contenta" a la vez que "tranquila y serena".
La petición de la fiscalía, insistió, apunta en la dirección que la edil ha defendido, asegurando que "siempre se actuó con rigor y de acuerdo a la ley" en los trámites municipales relacionados con el proyecto urbanístico, que se hicieron "bien y con rigor".
Barreiro se mostró también cauta, ya que habrá que esperar al auto del Supremo para saber si el juez accede a esa petición y archiva o no los cargos por prevaricación, indicó.
La política, que es aforada por su cargo de diputada en el Congreso, declaró por su posible implicación en esta trama ante el Tribunal Supremo el pasado 5 de marzo y en aquella ocasión, según explicó entonces a la prensa, defendió "en todo momento la absoluta legalidad y el rigor en el trabajo" que han llevado a cabo "todos los funcionarios y políticos del Ayuntamiento en todo el trámite administrativo de Novo Carthago".
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