Recurso municipal para impedir el pago de 582.000 euros por El Batel

La confirmación de que el Ayuntamiento recurrirá para retener 782.000 euros a la empresa que mantiene los centros arqueológicos municipales y a la gestora del Auditorio El Batel fue una de las pocas novedades del pleno municipal celebrado ayer y que duró cuatro horas y media. La falta de proyectos nuevos y la reiterada petición de explicaciones sobre los inacabados, como el Palacio de Deportes, y cuestionados, como el barrio universitario, extendieron el aroma a fin de curso. Aunque hay previstos al menos dos plenos antes de la disolución de la Corporación, en mayo.

Un tema que aún coleará es el del Auditorio. La concejal de Cultura, María Rosario Montero, se limitó a decir que esta semana recurrirá el auto judicial que obliga a pagar 582.000 euros por pérdidas de gestión en el primer semestre de 2014 a la unión temporal de empresas liderada por Gestípolis, que tiene como socio de referencia al presidente de la COEC, Pedro Pablo Hernández, y que tiene la concesión desde 2012. Un informe del Tribunal de Cuentas (TC) cuestiona el desembolso sin la exigencia de una certificación y por eso se bloqueó el abono. La concesionaria denunció al Ayuntamiento y un auto de hace diez días puso al descubierto que no se trata de subvenciones que necesiten una justificación, sino de contraprestaciones incondicionales incluidas en el contrato, por lo que exige el abono del primer plazo del año pasado. También se recurrirá en el caso de Mantenimiento y Custodias Arqueológicas, por valor de 200.000 euros.

«El tema del Auditorio está totalmente controlado», aseguró Montero. Pero en su intervención tampoco aclaró si el Ayuntamiento va a reclamar a la gestora el millón de euros de alquiler del edificio en 2014, pendiente de pago. Tampoco si prevé modificar, este acuerdo que atribuye a la concesionaria el cobro de un millón de euros por ejercicio para compensar pérdidas en la programación cultural.

Limpiadoras de Defensa

La portavoz del PSOE, Ana Belén Castejón, denunció el «despropósito en la gestión de fondos públicos» y el de Izquierda Unida-Verdes, Cayetano Jaime Moltó, subrayó que el informe del TC demuestra «lo mal que se han hecho las cosas». Su petición de rescate de la concesión no tuvo respuesta.

En su lugar, Montero intentó justificar la rentabilidad del Auditorio con al argumento de que en los últimos tres años ha habido 195 congresos, muchos de los cuales se han celebrado en otras instalaciones, y que eso ha tenido un impacto económico de 11 millones de euros. La edil pidió que esos resultados no queden empañados por una «discrepancia técnica» y admitió que en 2017 se hará «una revisión» de las condiciones, sin concretar cómo

La insistencia de José López (MC) y de Moltó (IU-V), trajo de nuevo a colación el 'caso Puerta Nueva'. El concejal de Infraestructuras, Francisco Espejo, rechazó su solicitud de que el Pleno ratificara la petición, ya realizada por la Sociedad Municipal Casco Antiguo a a la Fiscalía, de que investigue un presunto vaciado millonario de la promotora del barrio universitario, entre 2005 y 2007, realizado con el supuesto conocimiento de la alcaldesa, Pilar Barreiro. «La alcaldesa está todo el día presionándonos, sí, pero para hacer lo correcto. Ni yo ni ningún concejal aceptaríamos otra cosa», dijo Espejo. A su juicio, el barrio universitario «es ahora un punto de encuentro de la juventud, muy diferente del gueto que había antes». Por eso, pidió a la oposición «que cese el acoso» y la petición de responsabilidades.

Por último, una docena de limpiadoras de las instalaciones militares en Cartagena siguieron la sesión para dejar constancia en el Ayuntamiento que no cobran desde octubre y que la decisión del Ministerio de Defensa de romper el contrato con su empresa, Cleanet, no ha mejorado esa situación. Al menos obtuvieron el compromiso del edil de Empleo, Joaquín Segado, de que continuarán en sus puestos con la empresa que sustituya a la actual.