IU y SPCT piden aclaraciones sobre los contratos con la mercantil del exconcejal Saura

Izquierda Unida-Verdes (IU-V) y Socialistas por Cartagena (SPCT) exigieron ayer al Gobierno municipal explicaciones por los contratos adjudicados a Dalkia, la empresa donde trabajaron juntos el exalcalde socialista José Antonio Alonso y el exconcejal de Urbanismo y Turismo del PP José Fidel Saura.

IU-V y SPCT se refirieron a la existencia de nueve contratos más de los conocidos hasta esta semana con la empresa, que no figura en el listado de sociedades bajo sospecha pero en la que trabajaron juntos Alonso y Saura. Éstos fueron detenidos por su presunta vinculación con el supuesto amaño de un contrato de la Consejería de Turismo con Madiva.

Para IU y SPCT, es relevante que «esa empresa está compartida por dos personas vinculadas a la operación, una de ellas señalada como cabecilla [en alusión a Alonso, imputado por seis presuntos delitos y considerado cabeza de un «entramado de tráfico de influencias»]»; y que ha quedado demostrada la relación con el municipio «en pagos y contratos» desvelados por este diario.

Los portavoces de ambas formaciones, Cayetano Jaime Moltó y Juan Luis Martínez, respectivamente, indicaron que la primera duda que debe aclarar el Ejecutivo local es por qué el arreglo de la caldera de la piscina municipal se pagó en dos facturas (una de 58.386,27 euros y otra de 13.608), lo que supera el importe máximo del procedimiento negociados sin publicidad utilizado.

El segundo asunto sobre el que ambos partidos reclaman aclaraciones es por qué la empresa que gestiona esa piscina tardó años en percatarse e que la caldera tenía «un vicio oculto», lo que le evitó el coste de reparación.

La última cuestión es la apariencia de «fraccionamiento» del contrato de «mantenimiento y asistencia de eventos del Auditorio» El Batel en tres facturas (de 5.975,59 euros, 5.362,72 y 5.601,82), para hacer adjudicaciones por la vía del contrato menor.

Perjuicio a firmas locales

En un comunicado, IU-Verdes y SPCT criticaron que «el no sacar los contratos a concurrencia pública y dárselos a dedo a esta empresa ha provocado un perjuicio claro a las arcas municipales, ya que han sido más caros; y, al tiempo, se ha privado a otras empresas cartageneras de la posibilidad de acceder a los contratos».

Además, IU denunció que el Gobierno local lleva días sin facilitarle información sobre más de 150 empresas presuntamente incluidas en la 'Operación Púnica'.