Dos empresas de 'Púnica' hicieron un colegio en terrenos municipales

Nuevas conexiones entre la investigación abierta por la Guardia Civil y la Audiencia Nacional en el marco de la 'Operación Púnica' contra la corrupción y el municipio de Cartagena. Además de los contratos adjudicados por el Ayuntamiento a la empresa Madiva Editorial y Publicidad SL, vinculada al exalcalde socialista José Antonio Alonso, las pesquisas realizadas han puesto el foco en dos sociedades que participaron en la puesta en marcha de un colegio privado sobre terrenos municipales: el Miralmonte, en el polígono residencial Santa Ana.

En el listado de mercantiles afectadas por la investigación, desvelado en informaciones periodísticas, están Alfedel SL, promotora del centro en 2005; y Obrum Urbanismo y Construcciones SL, que en 2006, tras la licencia de obras otorgada a una sociedad cooperativa que impulsó Alfedel (Cartagena 2004) asumió la construcción. Problemas económicos le obligaron a dejar la obra, que asumió una firma de La Aljorra.

Por lo que respecta a Obrum SL, según el Registro Mercantil, está ligada al empresario madrileño David Marjaliza, considerado cabecilla de la supuesta red corrupta por su relación con el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Francisco Granados. Asimismo, Alonso ha tenido vínculos con la empresa, según el currículo difundido por él mismo en una página web profesional.

Alfedel sacó adelante su proyecto gracias a la cesión de dos parcelas municipales en 2005. Esta decisión fue polémica, por la oposición de Movimiento Ciudadano e Izquierda Unida. El PSOE se opuso primero, pero luego rechazó las alegaciones del otro colegio privado de la zona, el Narval, al concurso público convocado por el Ayuntamiento (el edil socialista Juan Luis Martínez se ausentó de la votación). También, el consejero de Educación, Juan Ramón Medina Precioso, dijo no ver demanda suficiente.

Sin lazos con la cooperativa

La cesión fue, además, cuestionada en 2007 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la ciudad. Tras una denuncia del Narval, el juez la declaró nula por irregularidades en la adjudicación (el canon fijado a la empresa, 300.000 euros en 50 años, era inferior al valor de mercado del suelo) y paró las obras. En las bases del concurso, convocado tras pedir Alfedel la concesión administrativa, el Ayuntamiento valoró sus dos parcelas en 550.000 euros.

Luego, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dio la razón al Ayuntamiento, aunque por un defecto de forma: la presidenta del Consejo Rector del Narval no presentó el acuerdo expreso de la Asamblea General o del Consejo Rector para pleitear.

Alfedel, con la que desde hace varios años no tiene vinculación la cooperativa de profesores del colegio, según fuentes del sector, está especializada en centros privados. Según su web, tiene en tres municipios de Madrid cuyos alcaldes fueron detenidos por 'Púnica': Valdemoro y Torrejón de Velasco, gobernados por el PP, y Parla, por el PSOE.

En cuanto a Obrum, según el Registro Mercantil, se integró en el conglomerado DHO, formado por la fusión de Dico, Harinsa y Obrum. Se da la doble circunstancia de que Grupo DHO Obras y Construcciones SA también está siendo investigada, y de que Marjaliza y Alonso participaron en Cartagena en esos mismos años en dos operaciones urbanísticas relacionadas con recalificaciones o compromisos de recalificación de terrenos por parte del Ayuntamiento.

Ensanche Norte y Zinsa

Una fue la compra de suelo en el Ensanche Norte, en el plan parcial CC1, por parte de la firma Aldaban SL, en cuyo consejo de administración estaban Marjaliza y Alonso. Otra fue la intermediación, a través de Atalia, en la que participaron ambos, en la venta de la parcela que ocupaba Española del Zinc (Zinsa) en Torreciega a la inmobiliaria Quorum.

Este último negocio, por el que Atalia se embolsó 5 millones de euros, se vio favorecido por el compromiso del Ayuntamiento de cambiar la catalogación del suelo de industrial a residencial, para apoyar el plan de viabilidad pactado por la empresa siderúrgica y sus 250 trabajadores.

La modificación no ha sido aprobada, al incumplirse los requisitos impuestos por las administraciones local y autonómica: que Zinsa hiciera una nueva fábrica o pagara a los obreros la indemnización por despido acordada (al final tuvo que abonar parte el Fondo de Garantía Salarial, Fogasa); y que se descontaminara el suelo de metales pesados.

El Gobierno local, del PP, ha dado credibilidad a las «informaciones periodísticas» sobre el listado de empresas investigadas en 'Púnica', al suspender el pago de 3.200 euros más IVA por anuncios turísticos en sesenta diarios digitales. La empresa está pilotada por el valenciano Alejandro de Pedro, encarcelado como presunto cabecilla de la supuesta trama, y con ella ha colaborado Alonso.