La Audiencia rechaza excarcelar a un policía del 'caso Cala Cortina'

La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso que J.C.M., uno de los seis policías nacionales encarcelados por la muerte del vecino de Las Seiscientas Diego Pérez, presentó contra su ingreso en prisión y ha respaldado la instrucción que lleva a cabo un juzgado de Cartagena.

El auto del tribunal señala que este agente, como ocurre con sus cinco compañeros, está imputado no solo por un presunto delito de homicidio o asesinato, sino también por otro de detención ilegal.

En cuanto al primero, indica que conforme avance la investigación se confirmarán los indicios criminales que existen hasta ahora o se disiparán; pero respecto al segundo, «ninguna duda cabe». Al contrario, «sí existen fuertes indicios de participación en dicho hecho delictivo».

La Audiencia añade que el traslado de Diego a la playa Cala Cortina por parte de los agentes la noche en que se perdió su rastro, el 11 de marzo, «no estaba amparado en norma alguna, ya que no estaba detenido». «Nada justificaba», indica la sala, «desplazar a altas horas de la madrugada a una persona desde la puerta de su domicilio hasta las afueras de la ciudad para dejarlo abandonado a su suerte y obligarlo a volver andando a su casa».

Comenta el auto que así es como lo relatan los propios policías encarcelados, «por lo que no puede dudarse de los indicios de la comisión de la detención ilegal».

El tribunal indica que aunque el homicidio o asesinato, si se probaran, sería el más grave, «no por ello, en modo alguno, puede ser calificada como leve la acusación por detención ilegal, pues si es cometida por funcionario público en el ejercicio de sus funciones llevaría aparejada una pena de entre 6 años y un día y 9 años de prisión».

Asimismo, un nuevo informe de autopsia de Diego cita la posibilidad de que su fallecimiento fuera accidental, y no homicida. El documento introduce modificaciones sobre el que se elaboró inicialmente que se justifican porque cuando se redactó éste se desconocían los resultados de las pruebas que se estaban practicando en el Instituto Nacional de Toxicología.

Los forenses concluyen que «la etiología médico-legal es violenta, presumiblemente, homicida, aunque, en menor medida, cabe la posibilidad de que fuera violenta accidental».Esta posibilidad que los peritos dejan abierta puede suponer un cambio en la línea de investigación del caso.

El informe, notificado ya a la Fiscalía y a los letrados defensores y de la familia del fallecido, añade que la causa inmediata de la muerte de Diego fue «la destrucción de centros neuronales superiores», y la inicial o fundamental, la fractura de varias vértebras cervicales.