La juez analiza si los policías tuvieron tiempo de matar a Diego y lanzarlo al mar

Escuchando a cada uno por separado, durante más de cinco horas y casi todo el tiempo ya sin la luz del sol. Así trató de reconstruir ayer por la tarde la juez encargada del 'caso Cala Cortina', María Antonia Martínez, lo ocurrido en la playa urbana de Cartagena la trágica madrugada del 11 de marzo y, en concreto, la actuación realizada por cada uno de los seis agentes de la Policía Nacional imputados por la presunta detención ilegal, la muerte a golpes y el intento de hacer desaparecer el cadáver del vecino de Las Seiscientas Diego Pérez lanzándolo al mar.

El cuerpo apareció flotando en la playa dos semanas después, y la autopsia apuntó al fallecimiento por una agresión «homicida»; tenía fracturas en el cuello.

Las pesquisas realizadas ayer, que tienen como objetivo comprobar si es verosímil la cronología de hechos establecida por la Policía Judicial y por Asuntos Internos, así como precisar el presunto grado de participación de cada sospechoso, destacaron por las medidas adoptadas para tratar de evitar la captación de imágenes de los acusados y, en especial, de sus caras.

Mientras que a los veinticuatro presos llevados al Palacio de Justicia para la rueda de reconocimiento de los imputados por parte de dos policías portuarios los bajaron de dos autobuses de la Guardia Civil en plena calle y con el rostro descubierto, los policías entraron en coches protegidos y a través del garaje.

Además, el acceso a la cala fue cortado por medio de un doble cordón de policías locales, policías nacionales y guardias civiles, apostados a una distancia de uno a tres kilómetros tanto en la entrada por Cartagena (desde la rotonda de la grúa Sansón), como por el valle industrial de Escombreras, e incluso por una pista forestal del Monte San Julián. Además, la titular del Juzgado de Instrucción 4 permitió a los seis policías (que cumplen prisión provisional) ocultar sus rostros con pasamontañas.

Rodeados en todo momento por una veintena de funcionarios de la Comisaría, la comitiva judicial (en la que participaron la juez del caso, los abogados defensores y el letrado de la acusación particular) recorrieron el aparcamiento de tierra, el tramo de carretera que lleva hasta la playa por la zona del restaurante Mares Bravas y el espacio situado entre ese establecimiento y la caseta de vigilancia de Protección Civil.

Menos de cinco minutos

El inicio de la inspección estaba previsto para las cuatro, pero empezó hacia las cinco y media. El recorrido con el primer agente duró cerca de una hora, y ya durante el segundo cayó la noche, según constató 'La Verdad' desde un monte cercano.

En el mes transcurrido desde la detención de los agentes, sus letrados han insistido en que es imposible que los policías mataran a Diego Pérez, porque pasaron muy poco tiempo en Cala Cortina.

La víctima, que tenía 42 años, llamó la noche de su desaparición y de su muerte a la Comisaría para pedir ayuda por las presuntas amenazas de unos vecinos a los que ese día habría robado unas bicis, con las que quería cumplir unos encargos.

Contra los agentes, que pertenecían al turno de noche de la brigada de Seguridad Ciudadana y tienen entre 30 y 40 años, pesan como elementos incriminatorios las grabaciones de varias cámaras de tráfico y la declaración de un testigo protegido y de dos policías portuarios.

Los agentes admitieron que trasladaron a Diego a Cala Cortina, pero rechazaron no solo que se les fuera la mano dándole golpes, sino haberle pegado. Aseguraron que una de las tres parejas sospechosas lo llevó en un coche patrulla (un 'zeta'), seguido de las otras dos. Sostuvieron que fue el propio vecino quien pidió ir allí para calmarse, pero que al llegar al parking de tierra salió corriendo y le perdieron la pista.

Según los abogados, de la grabación de las cámaras de vigilancia del túnel de Cala Cortina se deduce que los agentes solo estuvieron junto a la cala cinco minutos. Creen que en ese tiempo es imposible matar a una persona y arrojar su cuerpo al mar.

Los agentes ocultaron siete meses a sus superiores que esa noche habían estado en la playa con el desaparecido. Se lo callaron, incluso cuando participaron en su búsqueda por distintas zonas de Cartagena. Fue ya tras ser detenidos cuando reconocieron que le condujeron hasta ese lugar, porque estaba muy nervioso cuando, por segunda vez, requirió la presencia en su casa de la Policía. Y negaron haberle agredido.

En la reconstrucción, el rastreo del aparcamiento de tierra (desde donde no se ve el mar) permitió evaluar la credibilidad de un testimonio en el que coincidieron los seis sospechosos, según fuentes de la defensa: que Diego salió corriendo por un terraplén hacia la carretera, y que le perdieron de vista al haber un quitamiedos. Se comprobó, añadieron, que la inclinación de la pendiente permite subirla a pie.

Por la mañana, se celebró la rueda de reconocimiento solicitada por las defensas. Dos policías portuarios no reconocieron a los agentes a los que dijeron haber visto el 11 de marzo.

Un arma en su casa

Asimismo, el Juzgado de Instrucción 5 abrió diligencias por la presunta tenencia ilícita de armas por parte de un policía. En una de las grabaciones con micrófono oculto realizadas por Asuntos Internos en los 'zetas', al agente se le oye decir que tenía una pistola para el «trabajo sucio». Según fuentes del caso, la defensa aportó documentos según los cuales tiene todos los papeles del arma en regla.