Carta del agua para Fernando y Teresa: más diálogo y menos pelea

Al tiempo que defiende el Trasvase Tajo-Segura, que recurre en el Tribunal Supremo el Plan del Tajo, que cuestiona la desalación, y que discrepa de la política hídrica de Teresa Ribera, el Ejecutivo de López Miras puede llegar a acuerdos con el Ministerio en determinados asuntos: reactivar la compraventa de derechos de agua con usuarios de la cuenca del Tajo; exigir que se acelere la modernización de regadíos en el Alto Tajo para que haya más reservas en cabecera; apremiar al Ministerio para que agilice la depuración de aguas del Tajo y del Jarama en Madrid y Castilla-La Mancha; reclamar que el cambio de las reglas de explotación no implique nuevos recortes del Trasvase; suprimir el 'tasazo' de parte de la tarifa del acueducto; reivindicar la construcción de un ramal del Trasvase Júcar-Vinalopó para el Altiplano e incorporar esta comarca al reciente convenio que rige dicha transferencia; y exigir una amplia rebaja del IVA al agua desalada.

El Gobierno regional también puede reducir la elevada salinidad de las aguas regeneradas en varias depuradoras de la comarca del Mar Menor para destinarlas al regadío; y estudiar con la Confederación Hidrográfica del Segura medidas que compensen el cierre de los acuíferos sobreexplotados a partir de 2027, al menos constituir un equipo de trabajo conjunto para el seguimiento de las masas de aguas subterráneas. Y ya puestos, buscar un acuerdo con la CHS para la viabilidad de la desaladora de Escombreras que costea la Comunidad Autónoma. Unido a lo anterior, urge actuar en la regeneración del Mar Menor y ordenar de modo definitivo la actividad en el Campo de Cartagena.

Al margen de las discrepancias, existe mucho campo para que ambas administraciones trabajen juntas.

En la etapa de Cristina Narbona, entre los años 2004 y 2008, el Ministerio dio rienda suelta a las cesiones temporales de derechos de agua entre los regantes del Trasvase y los agricultores de Estremera (Madrid) para paliar la falta de recursos hídricos. Con esta fórmula de compraventa de caudales –con un precio y unas condiciones regulados por el Gobierno central– se transfirieron 95 hectómetros del Tajo que complementaron las dotaciones del Trasvase. A cambio, los agricultores madrileños recibieron de sus colegas de Murcia más de 18 millones de euros para modernizar sus sistemas de riego. Asimismo, la Mancomunidad de Canales del Taibilla compró otros 105 hectómetros a los regantes del Canal de las Aves de Aranjuez a cambio de 30,1 millones de euros. Fueron volúmenes importantes, a los que el Gobierno socialista no puso cortapisas.

En ambos casos, dos reales decreto permitieron que los regantes del Trasvase y el Taibilla vieron condonada parte de la tarifa por el uso del canal, en unos años de intensa sequía. Los beneficios económicos de estas cesiones de derechos –que algunos llamaron bancos de agua– hicieron que otras comunidades de regantes de la cuenca del Tajo se animaran para vender temporalmente parte de sus dotaciones, lo cual suscitó el rechazo del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Estas operaciones fueron recogidas en la ley del Memorándum de 2013, en la etapa de Mariano Rajoy, para satisfacción de los regantes del Trasvase, pero el tiro salió por la culata, ya que desde el Ministerio se pusieron muchos obstáculos y condicionantes para seguir con estas operaciones. Esos caudales se computaban como trasvasados, pero las nuevas cláusulas y requisitos arrinconaron esta fórmula, con la indignación de los regantes, que se sintieron engañados. Actualmente, hay regantes de otras cuencas que siguen interesados en vender temporalmente sus concesiones por medio de un sistema controlado por el Ministerio que se puede reactivar para completar en parte las dotaciones del Trasvase para el regadío sin depender en exclusiva de las reservas almacenadas en la cabecera.

La tarifa del Tajo-Segura es otra línea en la que puede intervenir el Gobierno regional ante el Ministerio. Los regantes y demás usuarios siguen pagando los costes fijos de la tarifa sobre la base de los 600 hectómetros cúbicos máximos por año, con independencia del agua que se transfiera. Incluso en situaciones de trasvase cero. Es el llamado 'tasazo', que sigue vigente y que suscitó numerosas protestas hace diez años.

No es una cuestión baladí: el 'tasazo' afecta a regantes, hogares, industrias, comercios y negocios, que podrían ahorrarse unos 20 millones de euros al año (13 los regadíos).

Unido a esto, el precio del agua desalada se puede reducir por la vía del IVA. Los regantes tienen que abonar un 10% del impuesto, y consideran que existe margen para disminuir dicha contribución temporalmente con el fin de hacer más asequible este recurso, con independencia de los decretos de sequía del Gobierno. El IVA se está sumando a la tarifa subvencionada, junto a otros conceptos que colocan el precio final en un promedio de 45 céntimos por metro cúbico.

Otra línea de negociación consiste en extender la subvención del agua desalada a los abastecimientos a la población, para que las familias sobre todo paguen menos en el recibo, habida cuenta de que en la Región se afronta el coste más caro de España.

La consejera de Agricultura y Agua, Sara Rubira, y el PP regional vienen reivindicando una solución para cubrir el déficit de la comarca del Altiplano, que solo puede abastecerse de acuíferos. Un déficit que se puede ver agravado en 2027 con el cierre y/o restricciones de pozos y para el que aún no se vislumbra una solución. Una de las posibilidades consiste en construir un ramal del Trasvase Júcar-Vinalopó, cuya conducción discurre cerca de Yecla. Acuamed suscribió en octubre un convenio con los regantes de Alicante para la explotación de dicho trasvase durante diez años y con una tarifa subvencionada, para una obra financiada en parte por la UE. Se derivarán 278 hectómetros en dicho periodo. Construida toda la infraestructura, se trataría de ampliar dicho convenio o de negociar otro para abastecer a Jumilla y Yecla. Otra línea de trabajo es reorganizar la explotación de los acuíferos compartidos en la zona, a caballo entre las demarcaciones del Segura y del Júcar.

De igual forma que la Mancomunidad de Canales del Taibilla abastece a poblaciones de la cuenca del Júcar –tan importantes como Alicante y Elche–, se puede convenir que el Altiplano reciba caudales de la demarcación vecina.

El Ejecutivo de López Miras, que ha recurrido el plan del Tajo ante el Tribunal Supremo, al igual que los gobiernos de Valencia, Andalucía y el Scrats, tiene otros deberes que atender con la modificación de las reglas de explotación del Trasvase. Un seguimiento necesario para ver en qué queda esa adaptación de los desembalses a la nueva situación del Alto Tajo. En principio, desfavorable para el Levante. El presidente valenciano Carlos Mazón también podría ser más proactivo y conocer las intenciones del Ministerio en este asunto.

También hay faena que hacer en la cuenca del Tajo en lo que atañe a la modernización de regadíos entre Aranjuez y la zona de cabecera, que podría liberar importantes caudales para alimentar las reservas trasvasables. Esta actuación está recogida en la ley, y Miras y Mazón deberían exigir que se cumpla cuanto antes.

Unido a esto, ambos podrían insistir ante el Ministerio para que se acometan todas las inversiones para depurar las aguas del Jarama y del Tajo Medio. Es decir, de la misma forma que el presidente castellanomanchego Emiliano García-Page presiona casi a diario para cercenar el trasvase para riego, López Miras y Carlos Mazón podían reclamar con el mismo afán las otras medidas. La depuración y la modernización de regadíos implican también a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, a quien los dos dirigentes levantinos del mismo partido podrían reclutar para su causa. Al menos tienen una labor didáctica y política que hacer ante la lideresa madrileña.

La patata caliente de la desaladora de Escombreras, que está sangrando las arcas autonómicas, es otro elemento que añadir a la agenda hídrica. La planta produce bajo mínimos ante la resignación del Gobierno regional, incómodo además por la investigación judicial del 'caso La Sal'. Existe otro hándicap: la abultada factura que hay que pagar al Grupo ACS y sus socios propietarios de la desaladora. Una gestión conjunta con la CHS –que exige a los regantes-clientes que acrediten que no contaminan el Mar Menor– puede resucitar esta desaladora para que aporte 20 hectómetros al año, un caudal respetable. Asimismo, la instalación quedaría plenamente integrada en el sistema hídrico de la cuenca.

También está en manos del Ejecutivo regional que llegue al regadío del Campo de Cartagena más agua regenerada de algunas depuradoras, como la de Torre Pacheco. La elevada salinidad de estos caudales impide que puedan ser reutilizados.

Falta sintonía entre ambas administraciones. La primera reunión de la consejera Sara Rubira y el secretario de Estado Hugo Morán, en noviembre, resultó muy tensa. Volvieron a coincidir el mes pasado en la firma de los convenios del agua desalada. Los acuerdos que se puedan alcanzar sobre agua, a pesar de las diferencias de fondo, tendrían que ir asociados a un clima de entendimiento y colaboración para la recuperación del Mar Menor. El sector agro espera actuaciones rápidas y definitivas para resolver el problema, preocupado por las repercusiones de la contaminación de este ecosistema litoral.