La CE da carpetazo a la denuncia de la Plataforma por las obras del AVE

La Comisión Europea (CE) «no tiene la intención de dar más seguimiento» a la petición que hizo la Plataforma Pro Soterramiento de Murcia en el año 2015, cuando denunció que las obras para la llegada del AVE no se ajustaban al proyecto original y carecían de declaración de impacto ambiental. La CE ha comunicado al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, con fecha del 21 de septiembre, que el Ministerio de Fomento y Adif -bajo el Gobierno del PP cuando se presentó la queja-, se ajustaron al proyecto original de soterramiento, y que este tenía declaración ambiental. Para ello, Adif planteó la entrada del AVE en Murcia de forma provisional en superficie mientras se soterraban las vías.

Ahora será el Comité de Peticiones el que decida sobre la denuncia del portavoz de la Plataforma, Joaquín Contreras, y de otro vecino. En su respuesta oficial -similar a la del año pasado-, la Comisión señala ahora que «no tiene indicios de que, según lo sugerido por los peticionarios, las autoridades españolas no construirán el enlace ferroviario de alta velocidad de Murcia según lo previsto en el proyecto original, que fue objeto de una evaluación de acuerdo con las disposiciones de la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)». Explica que los peticionarios también proporcionaron información adicional que apuntaba a posibles omisiones y errores en el procedimiento de EIA mencionado anteriormente, en particular con respecto a los vertederos de residuos sólidos para depositar los materiales de construcción. «En cuanto a este tema en particular, la Comisión recuerda que la Directiva establece procedimientos de revisión ante un tribunal u otro organismo independiente e imparcial para impugnar la legalidad sustantiva o procesal de las decisiones emitidas en el contexto de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental».

La Comisión añade que «no ha podido identificar en este caso ninguna cuestión de principio, pruebas suficientes de una práctica general o un incumplimiento sistemático de la legislación de la UE».

Como conclusión, las autoridades europeas recuerdan que los Estados miembros tienen la responsabilidad principal de transponer y aplicar correctamente la legislación de la UE y deben proporcionar recursos suficientes para garantizar la protección jurídica efectiva de los derechos de las personas en virtud de la legislación de la UE. «Además, en vista de los mecanismos de reparación establecidos por la Directiva EIA en este tipo de casos, la Comisión no tiene la intención de dar más seguimiento a esta petición». La Comisión solicitó información al Gobierno español en los años 2016 y 2017.