Carlos Victoria Lanzón: «La pobreza laboral puede ser un problema»

–¿Qué cambios hay que hacer en el mercado laboral después de la reforma de 2022?

–Además de la reforma laboral, que ha contribuido de manera notable a reducir la temporalidad contractual, no tanto así lo que podríamos llamar temporalidad empírica, se han aprobado en los últimos años dos leyes muy importantes para el mercado de trabajo: la de Ordenación e Integración de la Formación Profesional y la de Empleo. Ahora, debemos avanzar en la implementación de ambas leyes, desarrollándolas, dotándolas de presupuesto y poniendo en marcha de manera efectiva los cambios que prevén. En ambos casos, las comunidades autónomas juegan un papel clave porque tienen la mayor parte de las competencias en educación, formación y políticas activas de empleo.

–¿En el caso de la Región de Murcia qué cambios en el mercado laboral deberían ser urgentes?

–La Región tiene competencias muy importantes, tanto en educación y formación como en políticas activas de empleo, que debe ejercer en el marco de las leyes y estrategias nacionales. En primer lugar, se debería reforzar la orientación educativa y profesional. Además, debería avanzarse en el perfilado de las personas que demandan empleo, para poder diseñar mejor los itinerarios profesionales y asignar los programas y servicios. Por otro lado, debería impulsarse la prospección y la intermediación, acercando personas y empresas. Y, finalmente, se debe hacer un esfuerzo, con apoyo de los agentes sociales, de las universidades y de la sociedad civil, en la detección de necesidades de formación, que permita adaptar la oferta formativa a las necesidades del mercado de trabajo y a los cambios tecnológicos a los que nos enfrentamos.

–No se cubren vacantes en hostelería y construcción. ¿Pueden aguantar una mayor subida salarial para atraer personal?

–El nuevo sistema de formación profesional y la necesaria, y todavía no acometida, reforma de la Ley de Formación Profesional para el Empleo deben sentar las bases para que la formación se anticipe y adapte mejor a las necesidades del mercado laboral, sea mucho más ágil y flexible y permita la recualificación en determinados sectores y hacia determinadas actividades, tanto si se busca crecer en industrias relacionadas con las que ya existen o moverse hacia sectores más complejos. Esto debe ir de la mano de la garantía para el trabajador de que puede disponer de tiempo y de recursos para formarse y de que la formación se enmarca en un itinerario personalizado para el empleo. Por otro lado, la cuestión de las condiciones laborales de determinados sectores no puede ser ignorada: por ejemplo, se ha tardado 15 años en renovar el convenio regional en la hostelería.

–España registra datos históricos de empleo, pero a la par crece la pobreza. ¿Por qué más empleo conduce a más pobreza?

–Conocer el estado del mercado de trabajo, especialmente tras la última reforma laboral, requiere del uso de indicadores que reflejen de manera adecuada la calidad del empleo, con rigor y transparencia. Sin embargo, me temo que el debate se está polarizando y centrando en cuestiones más políticas que económicas. En lugar de seguir centrándonos en indicadores como la tasa de temporalidad, deberíamos mirar la duración de los contratos, el tiempo efectivo que se trabaja o el salario en cómputo anual, porque en un mercado de trabajo en el que la precariedad es elevada, la pobreza laboral puede ser un problema. Además, nuestro sistema de protección social es manifiestamente mejorable y debe ser reformado, por ejemplo, facilitando la solicitud de las ayudas o generando itinerarios de inclusión que afronten la pobreza y la exclusión social de manera integral.

–Con tipos de interés altos y combustibles y alimentos en máximos, ¿peligra la clase media?

–Los últimos datos de riesgo de pobreza y exclusión social apuntan a una mejora de los indicadores relacionados con la renta y el mercado de trabajo al mismo tiempo que ha aumentado la carencia material y social severa. En particular, ha habido un empeoramiento de aquellas cuestiones más directamente relacionadas con la crisis inflacionaria (pobreza energética, no poder comprar determinados alimentos o afrontar gastos imprevistos...) en hogares de clase media-baja. Y, pese a que se han puesto en marcha múltiples medidas para combatir la crisis inflacionaria, algunas de ellas no han llegado a todas las personas que deberían haberlo hecho o se podrían haber diseñado mejor. Debemos aprender de la experiencia, de lo que funciona y lo que no, para mejorar en el diseño de las políticas públicas y, en particular, nuestro sistema de protección social, especialmente en una comunidad autónoma como la Región, con tasas de pobreza superiores a la media nacional.

–Hace un año oímos hablar de la gran renuncia en Estados Unidos. ¿Cómo se puede incentivar a trabajar a una generación que no sólo reclama buen sueldo sino también tiempo libre?

–Nos enfrentamos a grandes retos derivados de unos cambios económicos y sociales que ya están aquí. Las revoluciones verde y digital van a ser netamente positivas de manera agregada, pero van a generar efectos muy desiguales, afectando de manera negativa a determinados grupos de trabajadores y empresas. En este sentido, la recualificación profesional es imprescindible, así como un adecuado sistema de protección social que acompañe las transiciones laborales. Además, cambios más concretos, como el teletrabajo o las demandas de flexibilidad en el tiempo de trabajo están relacionados con la conciliación y otras características de los puestos de trabajo que son cada vez más valoradas por los trabajadores y que las empresas han empezado a adoptar. Sin embargo, ni todas las empresas ni todos los sectores tienen la misma capacidad de adaptación.