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El exalcalde popular de Caravaca de la Cruz Domingo Aranda ya está abocado a sentarse en el banquillo por un presunto delito de prevaricación administrativa. ... La Sección Tercera de la Audiencia Provincial rechaza, en un auto reciente al que LA VERDAD ha tenido acceso, el último recurso del exregidor contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la localidad que, a finales de 2021, ordenó la apertura de juicio contra Aranda por la supuesta cesión ilegal de decenas de turismos y ciclomotores que, tras haber sido abandonados por sus dueños en la vía pública, acababan en un complejo industrial para su destrucción.
En este escrito, el tribunal defiende la razonabilidad de la decisión adoptada por la jueza instructora a la hora de dictar el auto de apertura de juicio oral y subrayan que «los indicios (...) que existen contra el apelante aconsejan que avance la fase intermedia, avance que, además, la instructora justifica de forma harto elocuente» en el auto en el que desestimó un recurso anterior de la defensa de Aranda. La Audiencia Provincial hace suyos los argumentos esgrimidos en la resolución que tumbó ese recurso y confirma la apertura de juicio oral contra el exregidor del PP. Contra esta resolución no cabe recurso.
El exalcalde caravaqueño se enfrentará a la justicia junto a dos antiguos jefes de la Policía Local de ese municipio, José Antonio C. P. y Jesús F. B., a quienes se les atribuyen supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y al empresario y propietario del Desguace Los Pañeros, Alonso P. C., acusado de malversación.
Las penas que la Fiscalía reclama por estos hechos son de ocho años de inhabilitación para Domingo Aranda y Alonso P. C., pero no aprecia responsabilidad penal alguna en los exjefes de la Policía Local, José Antonio C. P. y Jesús F. B. Por su lado, las acusaciones particulares, representadas por el letrado Eduardo Romera, reclaman para los antiguos policías locales sendas penas de dos años de prisión y veinte de inhabilitación por supuestos delitos de malversación y prevaricación; para el exalcalde Aranda se reclaman quince años de inhabilitación por presunta prevaricación, y para el dueño del desguace, dos años de cárcel y cinco de inhabilitación por presunta malversación.
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